Amnistía Internacional ha emitido un comunicado en el que critica la actitud del Estado español ante los casos de tortura, después de que en los tres últimos meses "dos tribunales distintos y un organismo de la ONU han fallado contra el Estado español por no llevar a cabo investigaciones efectivas para averiguar la veracidad o no de las denuncias de tortura presentadas por tres ciudadanos". Se trata de los casos de dos vascos, Orkatz Gallastegi y Rubén Villa, y una nigeriana, Beauty Solomon.
El caso de Solomon tiene que ver con unos sucesos ocurridos en 2007, cuando esta mujer de origen nigeriano y con residencia legal en España, fue agredida física y verbalmente por agentes de la Policía Nacional de Palma de Mallorca, tras ser requerida en dos ocasiones para realizarle un control de identidad. Después de agotar todas las vías de la justicia española sin conseguir una investigación, ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón y ha condenado al Estado a indemnizar a Solomon con 30.000 euros por el "profundo sufrimiento" causado a la víctima.
Aunque Amnistía Internacional "no cree que la tortura sea una práctica sistemática en España", denuncian que "cuando en España surge un caso de presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el proceso suele ser siempre el mismo: investigación interna de lo sucedido inexistente o inadecuada y archivo rápido de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respaldan. Cuando se lleva el caso a juicio, a menudo concluye con una sentencia absolutoria, por haber sido imposible identificar a los agentes responsables. No es raro que el procedimiento dure años, tras sobreseer reiteradamente el juez de instrucción el caso", dice el comunicado.
Por ello, piden al gobierno que cree un mecanismo independiente y dotado de recursos para investigar las denuncias de violaciones graves de derechos humanos, incluidos los malos tratos y la tortura. También consideran que se debe transmitir a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a la ciudadanía en general el mensaje claro de que el maltrato a las personas detenidas está absolutamente prohibido en cualquier circunstancia y si se produce, será objeto de investigación y de sanciones disciplinarias
