El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, ha señalado que la propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón es una “cortina de humo” para tapar “el fracaso de la política económica del Gobierno”, según recoge El Mundo. El representante socialista ha insistido en que abrir ahora este debate tiene como objetivo desviar la atención informativa de la principal preocupación de la sociedad, la situación económica.
Además, Olmos ha subrayado que esta medida derivará en un incremento de los abortos clandestinos, “lo que supone un riesgo claro de mortalidad para la mujer que nos puede situar en la España franquista”. En ese mismo sentido se pronuncia Yolanda Besteiro, de la Federación de Mujeres Progresistas, que afirma para el diario Público que “Gallardón hace caso omiso de los datos de la Organización Mundial de la Salud que demuestran que los abortos realizados en condiciones irregulares suponen un alto grado de mortalidad materna. Y no se da cuenta de que el aborto es un problema de salud pública de primera magnitud y que, por muy restrictivas que sean las leyes, no se evita”.
Gallardón declaró que no entendía que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. “Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación. Y creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos”, explicó el ministro en una entrevista a La Razón
Reacciones en contra
Asociaciones como Jueces para la Democracia califican la intención de acabar con el aborto como un “empeño casi obsesivo por criminalizar una conducta despenalizada y aceptada socialmente”. Jueces por la Democracia consideran que la propuesta de Gallardón supone “un ataque a los derechos de las mujeres y una restricción de las libertades individuales”.
Por su parte, Nina Infante, del Fórum de Política Feminista, critica la contradicción que supone eliminar la malformación fetal como supuesto para el aborto y a la vez recortar las ayudas a la Ley de la Dependencia. “Tiene gracia que justo cuando eliminan las ayudas para la Dependencia, Gallardón haga ahora este anuncio. ¿Eso es coherencia?”, se pregunta también Laura Nuño, directora de la Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, según informa Público. “Con esa ley, el ministro sólo conseguirá crear un doble trauma en las mujeres, que ante semejante dilema, tendrán que decidir entre irse del país para abortar o hacerlo aquí, en condiciones peligrosas para ellas, legal y sanitariamente hablando”, concluye Nuño.
Reacciones a favor
La organización “Derecho a Vivir” considera este anteproyecto un “progreso histórico en la protección de la dignidad humana”. Gádor Joya, portavoz de dicha plataforma, anima al ministro de Justicia a suprimir también el supuesto del aborto en casos de riesgo para la salud mental de la madre, que considera un “coladero”. Según recoge El Mundo, Joya insta a Gallardón a presentar el proyecto antes de agosto para salvar vidas humanas de niños y niñas que tienen una discapacidad, y añade que “cuando les contemos a nuestros nietos que en España se abortaba a un niño o una niña por tener síndrome de Down, nos mirarán con vergüenza y compasión, como si viniéramos de una época bárbara y oscura”.
Asimismo, el Cermi asegura que el aborto por razón de discapacidad es contrario a los derechos humanos, porque parte de la premisa de que la vida de las personas con esta característica es menos valiosa que la del resto.
