La reforma pretende promover la protección del litoral y su uso sostenible a la vez que impulsar la actividad económica y la generación de empleo, siempre que ésta sea respetuosa con la conservación del dominio público marítimo-terrestre.
Según informa el diario El País, “la Ley de Costas, aprobada en 1988 bajo una enorme polémica, aspiraba a liberar la playa de hormigón en 60 años y salvar lo mucho que aún quedaba entonces de playa virgen. La norma impedía construir sobre la arena, el dominio público marítimo-terrestre. Las casas construidas legalmente en primera línea antes de la entrada en vigor de la norma pasaban a ser propiedad del Estado. Pero en vez de expropiar e indemnizar (que habría sido imposible en los 8.000 kilómetros de litoral), los propietarios recibían una concesión de uso por 30 años, ampliables a 60 en algunos casos, sin pagar canon. Los propietarios no podían vender las concesiones”.
A siete años de que venzan las primeras concesiones, el Gobierno considera que esta ley no ha dado garantías a los propietarios, y en aras de “incrementar la seguridad jurídica”, Medio Ambiente quiere ampliar el plazo máximo de las concesiones hasta 75 años, permitiendo además su venta.
Por otra parte, la nueva norma reducirá los metros de protección de las rías de 100 a 20, y se diferenciará entre las playas naturales y las urbanas. Estas últimas tendrán una normativa más flexible y más usos e instalaciones permitidas. Una de las cuestiones más polémicas relativa a esta modificación se refiere a los chiringuitos, que actualmente tienen restringida su superficie a 150 metros cuadrados, y que con la reforma verían incrementar esta superficie.
Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, señala que desde la organización “nos tememos que el nuevo texto de la Ley de Costas significará un retroceso en la conservación del litoral. Cada vez que se anuncia la reforma de la Ley de Costas se amnistían ilegalidades, se emplea dinero público para regenerar playas y, en general, para parches temporales. Se está tirando, literalmente, nuestro dinero al mar”.
En el informe “Destrucción a toda costa”, Greenpeace reclama una “profunda reflexión” en torno a cuál debe ser el modelo de futuro en nuestra costa. Añaden, además, que es necesario abordar un sistema impositivo, o una fiscalidad ambiental para las actividades que más destruyen el litoral.
