Según la ANEI, ocho de cada diez empresas no se plantean el ahorro que les podría suponer emitir facturas electrónicas. La reducción de costes va mucho más allá de los costes de impresión, papel o correo postal, sino también la reducción de los plazos de cobro, la mejora en la gestión administrativa, la reducción de los recursos dedicados al recobro o el menor espacio físico dedicado al archivo y almacenamiento, entre otros, como reconocen los expertos de la Comisión Europea en el documento adjunto.
Asimismo hay que destacar la importante mejora de cara a la tramitación de expedientes por impago, según la actual Ley de Morosidad, que implica la utilización de la factura electrónica, al considerarse probada la comunicación administrativa con el proveedor.
