El sector minero indio ha experimentado un gran crecimiento debido al aumento de la demanda internacional, pero muchos de los trabajadores que trabajan en él lo hacen en situación ilegal. India ha sufrido numerosos casos de corrupción ligados a la minería, y según el informe de Human Rights Watch, el mayor problema es la indiferencia del gobierno.
“Muchos de los abusos en materia de derechos humanos no se producen por corrupción o criminalidad, sino porque el gobierno ha fallado en la supervisión de las actividades mineras”, señala el informe. Añade, además, que el gobierno suele dejar que las compañías mineras se autoregulen, lo que ha demostrado ser un grave error.
Es el caso de las Evaluaciones de Impacto Medioambiental (EIA), que desarrollan las empresas mineras sin supervisión y que se utilizan para calcular el impacto medioambiental que tendrán determinados proyectos. Según ha declarado Human Rights Watch para The Guardian, el hecho de que sean las propias compañías quienes realicen estos informes hace que los derechos humanos apenas sean considerados. Según la ONG, estas evaluaciones medioambientales son frecuentemente falsificadas. En el caso del EIA de la mina de Maharashtra, Human Rights Watch descubrió que el informe contenía partes copiadas literalmente de un informe similar perteneciente a una mina rusa.
Solucionar este problema requiere un refuerzo de la supervisión estatal, que actualmente cuenta tan sólo con doce supervisores para todo el país. “Esto hace la supervisión prácticamente imposible, y fuerza al gobierno a depender de la información que les proporcionan las propias minas”. Aunque Human Rights Watch reconoce que el gobierno indio ha desarrollado algunas tentativas de mejora (como pedir a determinadas compañías que contraten a empresas independientes para realizar sus EIA), las reformas son todavía insuficientes. “La minería es una parte importante de la economía india, pero eso no significa que pueda marcar sus propias reglas”, declaró para The Guardian Meenakshi Ganguly, director de Human Rights Watch en el sur de Asia.
