Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales han presentado sendos informes ante los miembros del mencionado Comité.
Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias tomadas en las últimas semanas que afectan a derechos sociales e insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis y deben además, rendir cuentas sobre las medidas que están empleando, para garantizar estos derechos.
En lo que respecta al derecho a la salud, piden que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis en relación al ejercicio de este derecho y que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso.
En este sentido, las organizaciones muestran una gran preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que sólo se prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situación irregular en caso de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto. Según apuntan, esta decisión supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad.
Con respecto al derecho a la vivienda, las organizaciones han denunciado que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para evitar que miles de familias sean desalojadas de sus casas sin garantía de protección. Frente a esta realidad, reclaman prohibir de manera efectiva los desalojos forzosos. Y, en caso de que estos sean ineludibles, recuerdan la obligación de los poderes públicos de proveer un realojo adecuado a las personas que lo necesiten y de implicar a los afectados en las decisiones que les afecten, de acuerdo a la normativa internacional.
Asimismo, las organizaciones han planteado su preocupación por los recortes financieros a la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La coalición de organizaciones que han elaborado el informe conjunto son: Center for Economic and Social Rights (CESR), Observatorio DESC, Asociación Aspacia , Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederacion Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, Creación Positiva, la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin Hogar (FEPSH), la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Triángulo, Médicos del Mundo, Movimiento Cuarto Mundo España, la Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización de la ONCE (PUEDO), Provivienda, Red Activas, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la Red Española contra la Trata de Personas y Save the Children. El segundo ha sido elaborado por Amnistía Internacional.
