07/05/2012 10:28:40

El Gobierno aprueba medidas urgentes en materia de medio ambiente

El Ejecutivo pretende impulsar una legislación ambiental 'más sostenible, clara y sencilla' para proteger el medio ambiente

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), un Real Decreto-Ley sobre medidas urgentes en materia de medio ambiente con el objetivo de lograr "una simplificación y agilización administrativas de la gestión ambiental".

Con este Real Decreto-Ley, el Gobierno pretende impulsar una legislación ambiental "más sostenible, clara y sencilla para proteger el medio ambiente y fomentar un desarrollo compatible e integrado en él, eliminando aquellos mecanismos de intervención ineficaces por su propia complejidad y que imponen dificultades de gestión para las administraciones públicas y demoras en los ciudadanos".

Se regulan las masas de agua subterránea
En materia de gestión de agua, este Real Decreto-Ley introduce medidas para conseguir un uso más adecuado del agua a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve, como principio fundamental, la unidad de gestión de cuenca.

Así, con la finalidad de racionalizar la gestión y el uso del agua, y en línea con la Directiva de la Unión Europea “Marco del Agua”, se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas. Se introduce un régimen que permita reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en los acuíferos subterráneos, así como una mayor flexibilidad para gestionar sus disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.

Además, esta nueva normativa refuerza la potestad sancionadora del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de aguas, con el objetivo de garantizar una correcta aplicación de la legislación, y con sanciones que oscilan entre las leves (multa de hasta 10.000 euros) y las muy graves (de entre 500.000 y hasta 1 millón de euros).

El RD-L modifica la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Por otro lado, el RD-L modifica la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para consolidar y unificar en un solo instrumento de protección las diversas figuras protectoras y mecanismos de planificación que, en ocasiones, se solapan en la gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000, generando retrasos e inconvenientes entre la administración y los ciudadanos. Se quiere acabar así con situaciones en las que, en una misma hectárea, podían concurrir diferentes instrumentos de gestión.

Además, la normativa garantiza la compatibilidad de esta protección y conservación plenas con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos allí ubicados, a través de la planificación de estos espacios naturales y los adecuados planes de e instrumentos de gestión y desarrollo.

Esta modificación instituye también un procedimiento para comunicar a la Comisión Europea las medidas compensatorias adoptadas en estos espacios protegidos.

El nuevo texto introduce también modificaciones en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados con el objetivo de simplificar y reducir las cargas administrativas que ocasionaban incertidumbre e inseguridad en la aplicación de ciertos aspectos de la norma.

Las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas de la normativa. Por ello se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.

Por último, se reforma también la Ley del Mercado de Valores para adaptar la normativa española a la europea y permitir así el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2. De esta forma, el Gobierno impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera competitiva e igualitaria con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.

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