Esta iniciativa ha sido puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF y cuenta con el apoyo de ciudadanos, universidades, la Asociación de Jueces para la Democracia, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o CGT, entre otras.
En nombre de todas las organizaciones que forman parte de la plataforma, el director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha explicado que la Plataforma nace como defensa a la Ley de Costas de 1988 que el actual Gobierno pretende reformar. Según Mario Rodríguez, “la ley de costas ha sido el intento más serio que ha habido en este país de dar valor real a la primera línea de playa. Valor real significa no medir ese valor por el número de chiringuitos o de infraestructuras que hay allí, sino por el valor real de sus ecosistemas y como primera línea de defensa de un país tan expuesto al cambio climático”. Pero a pesar de ello, el director ejecutivo de Greenpeace ha afirmado que “esta ley ha sido ignorada desde siempre por parte de las administraciones central, autonómicas y ayuntamientos que alegan que impide conjugar el desarrollo económico con el medio ambiente”.
Según ha puesto de manifiesto la Plataforma “No a nuestra costa”, la actual gestión del litoral español ha provocado que en las últimas dos décadas la costa española haya perdido una media de 50.000 hectáreas diarias, o lo que es lo mismo, una superficie similar a ocho campos de futbol cada día. Una pérdida que se podría evitar con una correcta aplicación de la actual Ley de Costas en vigor.
Por su parte, Miguel Ángel Losada, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la ETSI de la Universidad de Granada, ha afirmado que “la Ley de Costas se adelantó a su tiempo. En 1988 se trabajó sobre una ideología marcada por la Constitución y abría un panorama donde la costa cumple una función en el planeta, en la ciudadanía y en las economías, no una a costa de la otra sino una contando con la otra. Esto es lo que debe tener en cuenta el Gobierno si quiere modificar la Ley de Costas”.
"No a nuestra costa" desea convertirse en un movimiento ciudadano y apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de nuestra costa, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma esto es fundamental para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la conservación y el desarrollo económico.
