Ana Mato declaró que el Ejecutivo “va a promover con esta decisión la plena integración social de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional, combatiendo la discriminación allí donde se produzca. España debe aspirar a ser un país en el que tener una discapacidad no suponga ningún impedimento para desarrollarse con total y plena libertad”, según recoge La Razón.
Esta medida beneficiaría a más de 3,8 millones de ciudadanos españoles, y se complementaría con el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.
Para Mario García, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), esta medida ayudará a que se cumplan las leyes relativas a la discapacidad, que calificó de “asignatura pendiente” en España, tal como informa La razón. García, sin embargo, reclamó a la ministra que durante esta integración no se produzca ningún retroceso en las conquistas sociales logradas en las últimas décadas.
Por su parte, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, consideró positivo el anuncio y afirmó que “aunar las sucesivas leyes de discapacidad que están aprobadas después de 30 años y refundarlas en un texto era un anuncio esperado y bueno para la sociedad española”, ya que esta medida aportará seguridad a las personas discapacitadas y sus familias.
