La ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Asimismo, incorporará una disposición adicional que modificará el Código Penal y donde se tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos.
El Ejecutivo también está trabajando para lanzar el 'Portal Digital de la Transparencia', que recogerá datos relativos a concursos, subvenciones o sueldos de los altos cargos, y a través del que los ciudadanos podrán solicitar información.
Por otro lado, el Gobierno español tiene previsto sumarse a la Iniciativa Mundial para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership) que Barack Obama y Dilma Rousseff impulsaron en Nueva York en julio de 2010. Será el próximo 17 de abril en la conferencia internacional que tendrá lugar en Brasilia, donde España presentará la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno y firmará la Declaración Internacional de Gobierno Abierto.
