La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que la intención de la ley es reforzar el respeto a los normas, por lo que las recomendaciones éticas y los códigos morales serán por primera vez obligaciones jurídicas y legales, con un régimen sancionador administrativo y penal que establezca claros márgenes. En opinión del gobierno, esta ley logrará un mayor acercamiento entre las clases políticas y los ciudadanos, ya que la responsabilidad derivada del escrutinio público generará mayor confianza
Victoria Anderica, coordinadora de la Coalición Pro Acceso, una plataforma creada en 2006 para promover la adopción e implementación de una ley de Acceso a la Información en España, teme que el Gobierno subraye los códigos éticos y las buenas prácticas en lugar de la transparencia. “Una buena gestión no es posible sin transparencia”, señaló para Europa Press. La Coalición Pro Acceso, que integran más de 50 organizaciones de la sociedad civil (como Amnistía Internacional, Asociación de Prensa de Madrid, Greenpeace España, Ecologistas en Acción o la Confederación de Consumidores y usuarios), reclamó ayer al gobierno que la nueva ley de Transparencia incluya el acceso a la información como un derecho fundamental.
Según la página web de la organización, España es el único país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública, lo que implica que el Gobierno y las instituciones públicas no están obligadas a facilitar determinada información que puede ser de interés en el ámbito personal, profesional y político.
Tal como recoge Europa Press, la directora de Access Info Europe, Helen Darbishire subraya que la nueva ley debería recoger el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental; obligar a todas las entidades públicas a contestar las solicitudes de información y establecer un órgano independiente que vele por el cumplimiento de la ley.
