No obstante, el Gobierno estadounidense, las autoridades nacionales y estatales afectadas, y los socios perforadores aún están como demandantes en el litigio, cuya primera fase acaba de comenzar. El juez que supervisa el proceso ha confirmado que el pacto alcanzado será remitido al tribunal para su aprobación.
El Gobierno denunció a BP por la violación de la Ley de Aguas Limpias, entre otras normativas, cuyas multas se elevan a varios miles de millones de dólares.
La explosión en la plataforma Deepwater Horizon en abril de 2010 causó la muerte de once personas, todas ellas trabajadores de la plataforma, y provocó el mayor derrame de la historia de Estados Unidos: una cantidad de crudo equivalente a casi 5 millones de barriles fueron vertidos al mar durante los nueve meses que se tardó en taponar las fugas.
