El Ministerio de Medio Ambiente, en declaraciones al diario El País, ha afirmado que de 15 de esas 38 localidades ya han resuelto el problema. Hay 12 más con una instalación depuradora en construcción y otras 11, como las depuradoras de Nerja (Málaga), Santiago de Compostela y Vigo, que todavía no han implantado medidas.
Pero ésta no es la única denuncia de la Unión Europea. En 2011, Bruselas también denunció a España porque en 39 ciudades de zonas medioambientalmente sensibles no se depuraban las aguas correctamente. En estos enclaves, el tratamiento de las aguas debe ser más exhaustivo. Además, también existe una tercera denuncia para 912 pueblos de más de 2.000 habitantes repartidos por toda la geografía española, salvo Navarra y Murcia, que no cumplen la normativa europea.
Miguel Arias Cañete, ministro de medio ambiente, sostiene una posición muy crítica con la calidad de las aguas y el Informe de la situación de la gestión del agua en España. El ministro ya ha enviado un documento al Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Unión Europea en el que admite que España incumple la norma de depuración, una situación que achaca al anterior gobierno.
Si hasta la fecha lo habitual era resaltar los progresos para evitar la multa, el actual ministerio ha optado por asumir la sanción, que podría ser de entre 20 y 50 millones al año. Según explica El País, esto puede interpretarse como una muestra de lo importante que es no recortar recursos en este sector. Ángel Cajigas, de la patronal de tratamiento de agua (ATTA), señaló para el mencionado diario que será necesaria una inversión de 1.000 millones de euros anuales para mejorar la situación. Aunque la depuración de las aguas es competencia autonómica y municipal, el ministerio cofinancia muchas de las obras.
Por su parte, Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, defiende que “no nos parece bien que asuman la multa. Lo que tienen que hacer es invertir. Con la crisis, hay comunidades como Madrid que han relajado mucho las inversiones”.
