Según publica Servimedia, Cristina Martínez-Roldán quiso contratar un crucero por el Mediterráneo para su compañero y ella, ambos con discapacidad visual, con la compañía Pullmantur. La naviera les denegó el pasaje argumentando razones de seguridad. Martínez-Roldán declaró a Servimedia que la compañía les propuso contratar el crucero con una tercera persona sin discapacidad, una opción que ellos rechazaron. La pareja trató de contratar el crucero con otras compañías, y la misma situación se repitió con MSC Cruceros y Royal Caribbean. Martínez-Roldán criticó especialmente a ésta última por considerar que, pese a vanagloriarse de estar adaptada a personas con discapacidad y de hacer los viajes más accesibles (gracias a un departamento de Accesibilidad que ha promovido la instalación de rampas de acceso o de señales en braile), no cumple con lo prometido.
Las compañías navieras se han defendido argumentando que sus condiciones de reserva especifican que los pasajeros con discapacidad física o psicológica deberán ir acompañados por una persona en buen estado de salud y capacitada para asistirles. Royal Caribbean señaló que la compañía “estudia cada caso y es el grado de autonomía del pasajero el que condiciona si puede viajar sin acompañante o no”. Pullmantur declaró a Servimedia que siempre velan por la seguridad de los pasajeros, y que no permitirá su viaje si éste puede suponer algún peligro para ellos.
La denuncia de Cristina Martínez-Roldán no es la única que ha recibido el Cermi, por lo que la delegada de Derechos Humanos, Ana Sastre, pide al Gobierno que no permita en España la actividad de empresas que discriminen. Según comunicó Sastre a Servimedia, “atendiendo a la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, ninguna compañía debería negar sus bienes o servicios a personas con discapacidad”. Sin embargo, ésta es una ley española que los barcos de otros países no tienen por qué aplicar. Sastre añadió que el 18 de diciembre de 2012 entrará en vigor un reglamento europeo que obliga a las navieras a “aceptar a las personas con discapacidad en sus viajes y a garantizar su asistencia en los puertos y a bordo de los buques de pasaje”. No obstante, este reglamento también establecerá que cuando existan motivos justificados por razones de seguridad establecidos por autoridades competentes, sí se podrá denegar el transporte de viajeros con discapacidad.
