El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y representante del sector en la Junta Directiva de la Confederación Española de Organización Empresariales (CEOE), Alberto Giménez, ha señalado que la apuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, por retornar a los principios de la Ley de la Dependencia recupera el “sentido común” en la gestión pública de la atención socio-sanitario y ofrece “esperanza” y “confianza” al sector frente a actuaciones anteriores donde no se ha primado el servicio y la calidad.
En este sentido, Giménez ha explicado que la situación “límite” que vive el sector en toda España tiene su origen, en parte, en la incorrecta aplicación de la norma y el fomento de una figura excepcional, caso del cuidador familiar, que ni garantizaba el derecho adquirido, ni generaba el retorno económico y social que se preveía. "Una situación agravada por la implantación de 17 modelos de financiación y gestión diferenciados en función de la autonomía", asegura AERTE. "De ahí que la racionalización que prevé la nueva Ministra de Sanidad suponga un paso adelante en la futura estabilidad del estado del bienestar y, paralelamente, el proceso adecuado para convertir en viable una Ley que nació y se aplicó sin desarrollar y sin respeto a su enunciado”, añaden.
Según Alberto Giménez, "la priorización de la prestación de servicios, frente al modelo seguido hasta la fecha, ofrecerá mayor calidad a las personas dependientes y contribuirá también a la generación de empleo".
Reducción del déficit
En este sentido, el presidente de la patronal autonómica ha explicado que, sólo en la Comunidad Valenciana, la adjudicación a personas en situación de Dependencia de las 4.000 plazas disponibles en la red socio-sanitaria permitiría la creación de cerca de 3.000 empleos, además de un retorno de unos doce millones de euros para las Administraciones públicas. “Y eso sólo representa el 10% del efecto que tendría en el Estado la implantación global de esta medida”, ha apostillado Alberto Giménez.
Y, como ejemplo, el portavoz de Aerte ha recordado que los impuestos que recuperaría la Administración Central –IVA e IRPF-, el ahorro en prestaciones por desempleo y los ingresos por la Seguridad Social de los trabajadores incorporados ayudarían a sanear las cuentas y reducir el déficit público.
Por ello, Alberto Giménez se ha mostrado partidario de que la Administración “priorice” los servicios centrándose en los grandes dependientes y dependientes severos que “siguen sin recibir la atención que necesitan”. Y, una vez atendidos éstos con criterios profesionales y de calidad, “podremos estudiar la atención de la dependencia leve o moderada en función de los recursos disponibles y con criterios realistas, teniendo en cuenta la situación económica que vivimos”, ha apostillado el presidente de Aerte.
Del mismo modo, Giménez se ha mostrado “de acuerdo” en la apuesta de Ana Mato de establecer unos “criterios comunes” para determinar la capacidad económica de los usuarios, esto es, un baremo único de valoración y para determinar la capacidad económica de los beneficiarios, ya que estas medidas garantizarán el acceso de los dependientes al sistema en condiciones de igualdad.
