La transparencia, la ética y la comunicación son cuestiones que suelen estar vinculadas a la categoría genérica de ‘buen gobierno’, un aspecto al que siempre se hace referencia cuando se habla de la responsabilidad social empresarial (RSE) o responsabilidad social corporativa (RSC).
Sin embargo, la cuestión de la transparencia va más allá de las grandes, medianas y pequeñas empresas. La Administración, gravemente deteriorada por los efectos de la crisis económica, se ha mostrado decidida a hacer bandera de este valor.
En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por el diario La Vanguardia, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el Gobierno exigirá responsabilidades penales a los gobernantes que incumplan el déficit. En su opinión, ‘lo que no es correcto es dejar facturas en el cajón, la falta de transparencia y la acumulación de deudas que se vuelven impagables’.
El Gobierno irá más allá de los ‘castigos menores’ para llevar ante la justicia a los gobernantes que no respeten los presupuestos marcados y gasten más de la cuenta.
Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montoro ha explicado que la próxima Ley de Transparencia de Gobierno que está preparando el Ejecutivo incluirá esta, entre otras medias, para controlar el déficit del Estado, concretamente de las comunidades autónomas y de los entes locales.
‘Un gestor público no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto porque si lo hace, estaría falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables’, ha asegurado Montoro.
Según informa La Vanguardia, el ministro de Hacienda también se ha referido a las empresas privadas recordando que tienen que hacer frente a responsabilidades penales si falsean las cuentas de sus organizaciones, sobre todo si cotizan en bolsa.
