El anuncio del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de la ‘reforma profunda’ de la Ley de Costas ha hecho que Greenpeace lamente las intenciones gubernamentales de destrucción de la normativa y el grave paso atrás que supondría su modificación.
La ONG ha asegurado que no dudará en denunciar por vía judicial y/o con movilizaciones sociales cualquier recorte a la norma que, bajo la excusa de ‘armonizar el desarrollo económico con la protección de los recursos naturales’ (según palabras de Arias Cañete), vuelva a promover la destrucción a toda costa en el litoral.
Con este anuncio, Greenpeace ve peligrar los últimos tramos de costa virgen. Proyectos como los de Marina de Cope (Murcia), diez puertos deportivos en Baleares, las concesiones de costas para los puertos de Pasaia (Guipúzcoa) o Tarifa (Cádiz) o el desarrollo macrourbanístico en El Palmar tendrían vía libre para desarrollarse sobre la primera linea de costa.
Según Greenpeace, el deslinde –qué es y qué no es público en la costa- no se ha ejecutado completamente. ‘Con esta situación, realizar una reforma de la Ley de Costas supondría además un gasto inasumible para el Estado y su presupuesto, ya que se tendrían que compensar económicamente los derribos ya acometidos y, por otro lado, el litoral no tendría defensa legal para amortiguar los efectos del cambio climático y las subsiguientes indemnizaciones o gastos para regeneraciones de playas o reconstrucciones de, por ejemplo, paseos marítimos’, declara la organización.
La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, asegura que hasta el momento las reformas de la Ley de Costas planteadas en el Senado y el Congreso por el Partido Popular desde la oposición han estado encaminadas a privatizar el litoral, permitiendo un uso industrial y una destrucción masiva de la costa.
