Según la última macroencuesta del INE (2008), en España presentan alguna discapacidad 3,8 millones de personas. Respecto a diez años antes, el total de las personas afectadas ha aumentado en algo más de 300.000, pero la tasa de prevalencia se ha reducido seis décimas: del 8,9 al 8,3%. El motivo principal de esta mejora es el incremento de población inmigrante en dichos años —en torno a cinco millones—, con un promedio de edad mucho más joven y, por ello, con una tasa de discapacidades mucho menor (2,8%) que la población nativa (9,7%).
Tal como se observaba en anteriores sondeos, la frecuencia de discapacidades se incrementa con la edad: 2% hasta los 15 años (140.000 personas), 5% entre 16 y 64 años (1,5 millones) y 29% a partir de los 65 años (2,2 millones). Además, éstas afectan más a las mujeres (9,9%) que a los hombres (6,8%).
Correlación entre discapacidad y exclusión social
El origen de las discapacidades sobrevenidas antes de la edad de jubilación está estrechamente ligado a las condiciones precarias de vida y de trabajo de las clases con menores niveles de renta y formación. Es lo que se deduce si se tiene en cuenta que la tasa de discapacidades en los hogares con ingresos por debajo de 1.000 euros/mes es cuatro veces mayor (8,4%) que en los que tienen ingresos por encima de 2.500 euros mensuales (2,4%), con una correlación sistemática entre dos
variables: a menos renta del hogar, mayor tasa de discapacidades, como se detalla en el siguiente gráfico. La mayor propensión de los miembros de familias pobres a experimentar limitaciones físicas o psíquicas se mantiene en los mismos porcentajes que una década atrás (encuesta de 1999).
Pese a la importante renta aportada por más de un millón de pensiones de invalidez o incapacidad, que el 75% del colectivo percibe, los ingresos medios por hogar son un 25% más bajos que en los hogares sin discapacidad, ya que esas aportaciones no compensan la baja tasa de actividad del colectivo. En el balance positivo, no obstante, deberían figurar las prestaciones económicas y los nuevos servicios derivados de la Ley de Dependencia, que han tenido un desarrollo importante entre 2007 y 2009, aunque se han estancado en 2010 a causa de la crisis económica.
En este sentido, se ha de destacar que, según los autores del informe, las desigualdades entre hombres y mujeres con discapacidad en el acceso al empleo y en la percepción de ingresos son de las más elevadas de la Unión Europea.
El empleo remunerado, actividad principal del 66% de la población española en 2008, era tres veces menor en las personas con discapacidad: sólo el 28%.
Además, la tasa de paro del colectivo era en 2008 más del doble (20,3%) que la de la población general (9,2%). A partir de las tendencias existentes, los autores del informe estiman que la tasa de paro de las personas con discapacidad es del 40% en 2011, el doble que la media poblacional. También es más elevado entre estas personas el paro de larga duración –más de un año seguido buscando empleo– (57%) que entre la población desocupada en general (21%).
Según el presente informe, las personas con discapacidad consideran que les cuesta encontrar empleo a causa de su discapacidad (45,9%) o porque encontrar trabajo es muy difícil para cualquiera (20,7%). En el primer caso, se trataría de una exclusión discriminatoria del mercado de trabajo, e insisten más en este argumento los hombres (55,1%) que las mujeres (37,6%). En el segundo caso, se trata de una exclusión compartida con el resto de la clase trabajadora, argumento apoyado igualmente por ambos sexos.
Respecto al tipo de empleo, las personas con discapacidad se concentran en mayor proporción en el tramo de los empleos no cualificados (limpieza, peonaje, conserjes y segmentos no cualificados del comercio, la restauración y los servicios personales), y están menos presentes en los que requieren mayor cualificación (dirección de empresas o de la administración pública y técnicos y profesionales).
Por otro lado, es importante destacar que de las 420.000 personas con empleo remunerado, sólo una quinta parte lo había conseguido mediante alguna fórmula de empleo protegido (centros ocupacionales y especiales de empleo) o utilizando ayudas especiales (cuota de reserva, incentivos a la contratación, empleo con apoyo, etcétera). La mayoría había logrado el empleo a través de amigos y familiares o dirigiéndose directamente a las empresas.
El nivel de estudios del colectivo estudiado es mucho más bajo que el de la población general. Si nos ceñimos al millón y medio de personas que se encuentra en edad laboral (16-64 años), el 7% son analfabetas (1% la población general); la cuarta parte no ha terminado estudios primarios y más de la mitad no ha obtenido el título de ESO; el 16% ha conseguido terminar la educación secundaria y el 12% tiene estudios superiores (24 y 26% de la población general, respectivamente).
Si tenemos en cuenta que la discapacidad sobrevino a la mayoría después de cumplir los 16 años, es fácil concluir que el déficit escolar no se debe tanto a la discapacidad como a la extracción social precaria de sus familias. De hecho, las personas con discapacidad que viven en hogares con una renta superior a 2.500 euros/mes han terminado estudios superiores en una proporción superior (37%) a la media de la población general (26%); es decir, que casi triplican la tasa de las personas del colectivo que viven en hogares de renta intermedia (entre 1.500 y 2.500 euros/mes: 14%) y sextuplican la de los hogares con menos renta (6%).
