Según publica 'El País', un juez argentino ha fallado en contra de GSK y dos médicos responsables del ensayo y ha ratificado las multas que les había impuesto en abril el Ministerio de Salud por 179.000 euros.
"El juez confirmó que algunos consentimientos fueron dados por padres menores de edad, abuelos que no estaban autorizados a hacerlo, parientes analfabetos o, en un caso, por una madre psicótica a la que no se había evaluado la capacidad de discernimiento", apunta el diario. Asimismo, se detectó que se proporcionó la vacuna sin que se conocieran los necesarios antecedentes clínicos de los niños. Los inspectores del Ministerio de Salud también advirtieron la “falta de seguimiento y registro adecuado” de las reacciones adversas a la vacuna.
El laboratorio británico deberá pagar una sanción de 71.600 euros al Ministerio de Salud, mientras que el resto tendrá que desembolsarlo a partes iguales el investigador principal del ensayo en Mendoza, Héctor Abate, y el coordinador de los estudios en Argentina, Miguel Tregnaghi. La compañía ha anunciado que apelará el fallo, informa 'El País'.