La magnitud del consumo de los últimos cinco años ha aumentado la preocupación por el volumen de sustancias contaminantes que se liberan cuando los aparatos se arrojan junto con la basura común.
“Alrededor del 40% del público tiene conciencia que estos residuos contaminan y los almacena en su casa, mientras que otro 30% los arroja", afirmó la activista de Greenpeace Argentina, Yanina Rullo. 'Periodismohumano.com' explica que esta organización es una de las que más impulsa el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, ya aprobado en el Senado.
Según Greenpeace Argentina, en 2010 se vendieron 12 millones de teléfonos móviles, 2,6 millones de ordenadores, un millón de televisores y 1,2 millones de impresoras. En un año se descartaron 10 millones de teléfonos móviles que, al romperse, emanan sustancias muy tóxicas y metales pesados que contaminan el aire, la tierra y el agua.
Más de 100.000 toneladas de residuos al año
Cada habitante genera tres kilogramos de basura electrónica por año, lo que da un total de 120.000 toneladas de residuos anuales. Para llegar a esa estimación se evaluaron informes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, donde se produce más del 80% de la basura electrónica regional. Pero a pesar de ese volumen, no hay en la región una legislación integral para darle respuesta, sino experiencias aisladas de gestión o reutilización de productos.
Con el crecimiento económico del último decenio y los esfuerzos por reducir la brecha digital en países como Argentina, Colombia o Uruguay, donde se masifica el uso de ordenadores portátiles, la sanción de una norma parece clave.
La iniciativa argentina, que sigue el modelo de la Unión Europea, establece la responsabilidad individual del productor en la disposición final del residuo y la reutilización y reciclado de componentes. De la misma manera, también incentiva al fabricante a diseñar artefactos fácilmente reciclables, libres de sustancias tóxicas y con la mayor durabilidad posible, y propone un sistema de gestión nacional segura de los residuos. Además, prevé crear centros de acopio en todos los municipios de más de 10.000 habitantes.
