Rovira destaca que durante los últimos años, incluso durante la crisis, ha aumentado la contratación de personas con discapacidad, tanto en empresas ordinarias como en centros especiales de empleo.
El Gobierno debe incidir en el cumplimiento de la LISMI
En su opinión, el nuevo Ejecutivo deberá consensuar "estos mecanismos de inserción que evolucionan incluso en épocas de crisis", e incidir en el cumplimiento de la Ley de integración social de minusválidos (LISMI), que obliga a las grandes empresas a contar con un 2% de personas con discapacidad en sus plantillas, "incumplimiento, que actualmente supera al 75% de las grandes corporaciones", afirma.
Para él, “la prioridad del nuevo Gobierno ha de ser el empleo y la economía, y dentro del empleo seguir favoreciendo políticas de empleo de colectivos con especiales dificultades, ya que sin empleo no se puede tener una verdadera inserción social”.
