Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Junta de Andalucía se comprometieron el pasado mes de septiembre a repartirse las tareas de demolición del edificio ilegal cuando se pronunciaran los tribunales. Según el acuerdo, la Administración General del Estado se haría cargo de la demolición física del hotel y la Junta de Andalucía del desescombro y la restauración ambiental de esta zona del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, donde se encuentra la construcción ilegal.
Sin embargo, aún no hay ninguna novedad sobre el tema, a pesar del pronunciamiento del Tribunal Supremo contra la legalidad del hotel, lo que, en opinión de Greenpeace, “refleja el incumplimiento del compromiso de demoler el hotel que hizo Rosa Aguilar al llegar al Ministerio”. “Dicha demolición es perfectamente posible en cumplimiento del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Junta de Andalucía, ya que el hotel es ilegal e ilegalizable”, asegura en un comunicado la ONG.
Las organizaciones ecologistas reclaman que el Gobierno y la Junta actúen de forma subsidiaria, reclamando el coste de la reparación a la empresa y, en su caso, a los cargos públicos que autorizaron o informaron favorablemente este hotel ilegal.
Además, las organizaciones ecologistas entienden que después de que Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, como partes demandantes del pleito sobre la licencia de obras que declaró ilegal la licencia hace más de tres años, hayan solicitado formalmente la ejecución provisional de la sentencia. De momento el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ha admitido esta petición de ejecución provisional que se resolverá en unas pocas semanas, “lo que evidenciará el tiempo perdido por el Gobierno”.
La sentencia del 30 de septiembre del Tribunal Supremo mantenía la suspensión cautelar del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural que ratifica que los terrenos donde se asienta el hotel son no urbanizables y por tanto –afirma la ONG- “refuerza aún más la necesidad de poner en marcha un acuerdo que todavía no ha visto la luz”. Las organizaciones ecologistas entienden que en el compromiso entre Medio Ambiente y la Junta también se debe instar al Ayuntamiento de Carboneras a rehacer su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que se clasifica la parcela como urbanizable en vez de espacio protegido no urbanizable.
