En su opinión, “la situación obliga justamente a lo contrario. La emergencia exige cooperación y lealtad”. El presidente del CES advirtió de que se está produciendo en la ciudadanía un desapego político por lo que calificó como “rifirrafe tabernario”. “Lo que de verdad importa”, subrayó, “no es hablar a los mercados, sino a los ciudadanos”.
Reparto equitativo de los sacrificios y responsabilidad de empresarios y trabajadores
A juicio de Marcos Peña, “si el entendimiento político existe y la coherencia institucional funciona, podemos entonces no sólo proponer sino incluso exigir un compromiso social. Un compromiso social que ordene el reparto equitativo de los sacrificios y responsabilice a empresarios y trabajadores”.
Al analizar la actual crisis económica, Peña señaló entre los factores que la desencadenaron un cierto “engreimiento financiero: -una economía monetaria sin domesticar- y de improbable regulación que en el año previo a la crisis sus activos financieros representaban el 350% de los intercambios reales, lo que nos conducía necesariamente a la perdida de centralidad del valor trabajo.
Para Marcos Peña, precisamente, el valor trabajo es lo que había fundado, cohesionado e identificado la sociedad occidental. Y en este sentido citó a Judt que, en una de sus últimas obras, alertaba del ocaso de una cultura basada en el orgullo en el trabajo, la interdependencia social y la continuidad intergeneracional.
No puso en duda que desde Europa se habían dado respuestas positivas a la crisis y enumeró la creación de mecanismos europeos de estabilidad fiscal, la compra de bonos por el BCE o los límites a las operaciones en corto en mercados financieros.
El presidente del CES hizo notar que muchas de las medidas que se están adoptando desde la UE, no dejan de ser una regulación de temas tradicionalmente ubicados en la competencia de los Estados. Ya no se trata solo de valorar lo correcto de estas orientaciones. “Se trata de reflexionar sobre cómo se está entrando en una dinámica de ordenación desde el ámbito europeo de materias en principio residenciadas en la competencia estatal”, dijo.
Aunque reconoció que la mayor comunitarización de muchas políticas es el paso inevitable para proporcionar a la UE la entidad política imprescindible para ser un actor real de la economía global, advirtió de que “se están tomando medidas que no forman parte de un proyecto político europeo general, y desde un marco institucional claramente insuficiente”.
“Y la traducción de esta situación -alertó- va mucho más allá de un ejercicio jurídico de Derecho Comunitario, porque transmite una imagen de imposiciones desde Europa o incluso desde determinados países europeos que facilita reacciones que mezclan explosivamente nacionalismo y populismo. Lo que se viene conociendo como la renacionalización del sentimiento político”.
Falta de transparencia
Criticó que se hubiera dado también una notable falta de transparencia. Una opacidad tanto en el mensaje como en los mensajeros. A este respecto se preguntó: “¿Quiénes son esos funcionarios de la troika que deciden el futuro de Grecia y quizás también de Europa? ¿A quién representan? ¿Qué quieren en realidad?”
En cuanto a las perspectivas de la economía española, Marcos Peña hizo notar que también en 2011 se destruiría empleo, “en cantidad, desgraciadamente no insignificante”.
“Tenemos mucho paro, es incuestionable, pero tenemos también muy mal paro, muy mal distribuido”, dijo. Muy segmentado: por regiones, por edades, por sectores, por estudios, por nacionalidad, etc.
En su opinión, se trata de un desempleo que “compromete el proyecto social al afectar básicamente a la juventud. Es decir: a nuestro futuro. 900.000 jóvenes menores de 25 años parados, el 42,8%”.
Peña puso el énfasis en que “el trabajo es el primer derecho de ciudadanía, el que permite la corporización social, la participación en el proyecto”. Por ello, subrayó excluir de este proyecto al 42,8% de los jóvenes menores de 25 años es un riesgo de una dimensión que incluso cuesta comprender su gravedad.
Por otro lado, hizo notar que el 91% de las contrataciones de 2010 han sido temporales, sus dos terceras partes, es decir 3.200.000 no han superado el mes. “En consecuencia si la ausencia de trabajo cercena el derecho de ciudadanía el trabajo precario concede un precario derecho de ciudadanía”.
Otro dato, que a su juicio es muy significativo es que la pérdida de empleo coincide con la defunción empresarial. Si en 2007 las empresas inscritas en la Seguridad Social eran 1.405.938, en la actualidad son 1.237.647.
Son datos que, en su opinión, obligan a ese compromiso social y político que considera necesario. Marcos Peña subrayó que no son los gobiernos los que crean empleo y los responsables políticos a lo que vienen obligados es a que las cosas que de ellos dependen funcionen bien. “Esto nos lleva el entendimiento político, la coherencia institucional y el compromiso social. Compromiso que no hay que mirarlo sólo desde el punto de vista de los ideales de convivencia política y social, sino de la eficiencia económica”, dijo.
