El esquema europeo asigna a las aerolíneas derechos gratuitos del 85% de sus emisiones -calculadas respecto a lo emitido en el periodo 2005 y 2008- pero el resto tendrán que adquirirlas en el mercado.
Según publica hoy 'El País', en la declaración, esos 20 países aseguran que el esquema europeo es "inconsistente con la ley internacional aplicable" y emplazan a los países miembros y a la UE a que excluyan a las aerolíneas de terceros países de esa obligación.
Sin embargo, en su dictamen, la abogada de la UE considera que "la directiva no contiene ninguna norma extraterritorial" y concluye que no había forma de dejar fuera a las aerolíneas extranjeras: "Si la Unión hubiese excluido del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE a las compañías aéreas de un tercer Estado, estas lograrían una ventaja competitiva".
El diario explica que el embrollo político y legal por las emisiones de los aviones tiene su origen en la falta de acuerdo internacional al respecto. Durante años, la UE esperó a que la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) fijase para el sector su propia limitación de las emisiones de CO2. Como ese sistema estaba empantanado, en 2008 decidió que, a partir del 1 de enero de 2012, las aerolíneas entrarían en el sistema europeo de comercio de emisiones. El sector de la aviación no se opone en general a un pago por contaminar pero exige que sea a nivel mundial.
