La sentencia da la razón a la Comisión Europea, que denunciaba que las autoridades españolas tendrían que haber designado en Canarias 174 espacios como zonas especiales de conservación y adoptar las medidas de protección necesarias para conservarlos antes de diciembre de 2007, publica 'Canarias7'.
España alegó que el proceso estaba en marcha, pero la Comisión replicó que no se había fijado ninguna fecha definitiva para la designación ni se habían iniciado las actuaciones necesarias.
En su dictamen, el TUE constata que el Gobierno español aprobó el 23 de diciembre de 2009 una orden ministerial en la que se designaban las zonas de protección. Además, el Gobierno canario aprobó un decreto el 29 de diciembre del mismo año para fijar la lista.
No obstante, la sentencia resalta que ambas normas llegaron después de que el Ejecutivo comunitario lanzara su ultimátum central y que no establecen las medidas de conservación necesarias para los espacios naturales protegidos.
