Prueba de ello son las declaraciones de Javier Benavente Barrón, presidente de la AESP, quien ha asegurado que “estamos convencidos de que el sector de los servicios a la persona, si se desarrollan los beneficios fiscales y sociales oportunos para los consumidores y empresas, contribuirá a desarrollar un sector de servicios fuerte permitiendo dar respuesta a estas nuevas demandas en servicios de la sociedad actual con la consecuente creación de empleo, masivo, de mayor calidad, no deslocalizable y con salarios justos”.
Durante la jornada, se ha podido escuchar a una amplia representación de instituciones públicas y partidos políticos analizar el sector y ver la gran cantidad de posibilidades que supone para el desarrollo del empleo y la economía. Ana Pastor, coordinadora del Comité ejecutivo nacional, ha comentado en exclusiva que: “La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud debe ser de atención sanitaria, además de activar más controles de atención y realizar muchas más inspecciones. De hecho, debemos elaborar una nueva ley de política social y familiar donde se integre el apoyo a las familias y medidas fiscales”.
Para Pastor, también es de suma importancia poner en relieve el valor de las iniciativas privadas, sin las que no podríamos desarrollar todo el sistema de servicios a la persona. En esta misma línea, Carles Campuzano, diputado de CIU, ha comentado que ya hace varias semanas su grupo parlamentario presentaba una Proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a desarrollar un proyecto de Ley de regulación del sector de servicios a la persona.
Convergència i Unió está convencida de que se está impidiendo la creación de empleo en un sector que puede ser el nicho de trabajo más importante actualmente y desde luego para la próxima década, y una de las claves para el crecimiento económico de nuestro país. Además, Campuzano ha hecho referencia a la recién aprobada Ley sobre economía sumergida argumentando que solo con sanciones no se va a conseguir nada, puesto que es necesario prestar un poco más de atención a las necesidades de las personas.
La experiencia francesa
Al igual que en la III Conferencia Europea sobre los Servicios a la Persona celebrada el pasado mes de noviembre en Madrid, se ha contado con la participación de la Agencia Nacional de Servicios a la Persona francesa, que ha estado representada por M. Christian Junik, miembro del Consejo, quien a la vez representa a la FEDESAP (Federación francesa de servicios a la persona y de proximidad).
Junik ha expuesto el actual modelo francés, basado en la Ley Borloo aprobada en 2005, gracias a la cual se ha podido crear más de 500.000 nuevos empleos. Junik ha declarado que gracias a la Ley Borloo, en Francia se ha conseguido crear más valor en los servicios para las personas y más empleo de calidad, lo que ha generado un nuevo sector de actividad que sin lugar a dudas ha hecho reforzar su economía. Junik ha afirmado que: “En Francia, cada año duplicamos el número de cheques CESU”.
La visión española
La AESP también ha querido contar con la participación Antonio Toro Barba, director General del Servicio Público de Empleo Estatal de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, quien comentaba durante su intervención: “El sector de servicios a la persona ha sido el de mayor crecimiento laboral desde que comenzara la crisis. Se calcula que se han creado 700.000 puestos de trabajo en el hogar, de los cuales solo menos de 300.000 están regulados, por lo tanto, debemos trabajar en aflorar toda esta economía sumergida”.
Coincidiendo con él, Miguel Ángel García Martín, director General de Coordinación de la Dependencia Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha expuesto el caso de la CCAA de Madrid donde la Ley de Dependencia se gestiona a través de unos cheques que entre otras ventajas permite al usuario elegir el tipo de atención que desee. Se trata de dar más libertad de elección, generar más oferta y por supuesto fomentar la calidad de los servicios.
Para terminar, José Ramón Caso, CEO Ketchum Lenci Public Affaire, ha afirmado que no ha habido valentía por parte de los partidos políticos a la hora de enfrentarse a la economía sumergida. Caso también ha aprovechado la ocasión para hacer una breve aproximación a las Implicaciones legales y presupuestarias en España y se ha referido al informe “Cómo mejorar la calidad de vida y conciliar trabajo-familia en España, creando 1 millón de empleos” publicado por la AESP, donde se argumenta cómo a través de la adaptación de las normativas en materia de empleo, se podría llegar a crear 700.000 nuevos puestos de trabajo no deslocalizables en tan solo 5 años, de los cuales 300.000 se podrían crear en los próximos 3 años.
El acto estuvo presidido por Javier Benavente, al que ha acompañado Nuria Chinchilla, directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE.
