Castilla y León, primera Comunidad española por número de fábricas solares, en los últimos ejercicios, la industria fotovoltaica ha perdido unos 2.000 empleos. Si hace no mucho llegó a dar trabajo de forma directa a 4.000 personas, ahora apenas supera los 2.000 puestos de trabajo, cuando en 2010 rozaba los 2.500.
La principal demanda es lograr estabilidad jurídica para el sector que permita planificar. Reglas de juego claras y que no cambien, exigió Tomás Díez, responsable de Relaciones Externas de Cylsolar, quien advirtió de que con cuatro decretos diferentes durante cuatro años no hay empresa que pueda planificar. Un capítulo en el que, según recordó, tienen mucho que decir tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, también con competencias en este ámbito.
Juan Guerrero, presidente de Cylsolar, reconoció que en lo que se refiere a la parte industrial, se sienten bastante apoyados por las regiones. Además, subrayó que Castilla y León es una de las comunidades más proclive a la energía fotovoltaica, a la que considera sector estratégico.
Además, reclamaron el desarrollo del autoconsumo, es decir, el derecho a producir y abastecernos de nuestra propia electricidad, en el que la energía fotovoltaica parte con ventaja respecto a otras fuentes porque se puede producir donde se consume mediante paneles solares. La simplificación administrativa es la tercera gran demanda del sector, que lamentó que los ciudadanos tarden hasta dos años en recibir la autorización para colocar una placa en su casa.
