El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dirigido por Barbacid, había descubierto que, si se inactiva una proteína llamada c-RAF, se impide la aparición y la progresión de un 25% de los cánceres de pulmón. Barbacid esperaba poder desarrollar un fármaco en esta línea, pero el ministerio no renovó en el 2010 la financiación de dicho programa, que sobrevive actualmente gracias a cantidades ahorradas de los 30 millones de euros que recibió en el periodo 2006-2010.
Al quedarse sin financiación pública, el investigador buscó recursos privados. Dos empresas se habían comprometido a aportar diez millones de euros según informó ayer Barbacid. Para beneficiarse de una desgravación fiscal elevada, las empresas debían hacer su aportación a una empresa biotecnológica controlada por el CNIO. Barbacid aportó dos informes jurídicos para avalar la legalidad de la operación. Sin embargo, el ministerio de Ciencia e Innovación solicitó a otro bufete de abogados un tercer informe jurídico que cuestionó que la operación fuera legal y trasladó la cuestión a la Abogacía General del Estado, que se pronunció en contra.
Desde ayer se vierten en la red comentarios que alimentan la polémica acerca de si es responsable por parte del Gobierno no sólo cortar la financiación pública de un proyecto de investigación médica con tan alta posibilidad de triunfo sino también vetar la posibilidad de financiación privada.
