El pasado mes de abril Gran Bretaña anunció que bloquearía las exportaciones a Estados Unidos de tres drogas utilizadas en las inyecciones letales e instó a la Unión Europea a que hiciera lo mismo.
Hospira Inc., la única fabricante estadounidense del tionentato de sodio -una de las drogas utilizadas para este uso-, anunció que ya no la produciría en su nueva planta en Italia. La pena de muerte es inconstitucional en ese país europeo, y el gobierno en Roma exigió a la compañía que asumiera la responsabilidad por el uso de su producto.
Unos días antes la empresa india Kayem anunció que no proveería más de tiopentato a los estados de Estados Unidos que lo utilizaran para ejecuciones.
“Frente a la sensibilidad relacionada con la venta de nuestro tiopentato de sodio a varias cárceles y prisiones en Estados Unidos, y al señalarse que podría ser usado en las inyecciones letales, voluntariamente declaramos que (…) nos abstendremos de vender la droga”, informó Kayem en una declaración.
Mientras, algunos estados estadounidenses apelan a otro fármaco, el pentobarbital, también usado en tratamientos médicos y en el sacrificio de animales.
La semana pasada, según 'Periodismo humano', autoridades de Georgia informaron que habían enviado funcionarios a Ohio (noreste) y Oklahoma (sur) para conocer la experiencias de esos estados en el uso de la droga. Oklahoma ya comenzó a utilizar el pentobarbital como parte de una combinación de tres fármacos en diciembre de 2010. En marzo, Ohio ejecutó a Johnnie Baston, condenado por asesinato, empleando ese químico. Las autoridades del estado dijeron que funcionaba tan bien como el tiopentato de sodio. El 16 de marzo, Texas (sur) decidió comenzar a usar el pentobarbital. Este fármaco es fabricado por Lundbeck, compañía danesa que afirma no avalar su uso en la pena de muerte. Sin embargo, la firma continúa vendiéndolo a los distribuidores. “Realmente no sé quiénes son los distribuidores”, dijo Laura Moya, directora de la campaña abolicionista de la oficina estadounidense de Amnistía Internacional.
Un artículo publicado el 13 de abril por el periódico estadounidense The New York Times revisó declaraciones en varias demandas presentadas por condenados a muerte, en las que se revelaba que estados conspiraban para evitar inspecciones a las embarcaciones con las drogas. En un caso, Wendy Kelley, funcionario del Departamento de Correccionales de Arkansas, usó su propio automóvil para traer fármacos de Tennessee y Texas y usarlos para ejecutar a un hombre.
