El Código actual determina la existencia de Áreas de Preservación Permanente (APP) situadas en zonas de riesgo de inundaciones y deslizamientos y que sólo pueden ocuparse para la realización de obras de interés público. La ley establece la protección de un área de 30 metros en los márgenes de los ríos, que con la reforma disminuiría hasta los 15 metros.
Además, el Código vigente obliga a los agricultores a mantener una reserva legal, esto es, un área protegida dentro de todas las propiedades rurales. El porcentaje varía entre el 80% del área en la selva amazónica y el 20% en el sur del país. La reforma propuesta flexibiliza estas áreas en las propiedades que no superen una determinada extensión y, en el Amazonas, pasaría del 80 al 50%.
¿Por qué es necesaria esta reforma?
La justificación para la reforma es la necesidad de una actualización de la normativa. En Brasil, más del 90% de los 5,2 millones de propiedades rurales está en situación de ilegalidad. Para los defensores de la reforma, ampliar el área cultivable es imprescindible en un momento histórico en que debe triplicarse la producción agrícola.
Los movimientos ecologistas están de acuerdo en que es necesario actualizar y mejorar la normativa, pero aseguran que no es necesario renunciar a la protección: bastaría con utilizar los 61 millones de hectáreas que, según las estimaciones de SOS Florestas, órgano que reúne a varias organizaciones ecologistas y de investigación ambiental, se destinan actualmente a la explotación ganadera de bajo rendimiento. Según un estudio de la Universidad de São Paulo, el área cultivada en Brasil se duplicaría con sólo utilizar esas áreas.
