La reforma del Código Penal, que fue aprobada el año pasado, introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que ha llevado a las compañías a acudir a los despachos de abogados para asesorarse en la materia. Ahora la persona jurídica es susceptible de incurrir en responsabilidad si hay delito. Los más relevantes en el ámbito de la empresa son los de corrupción, estafa y medio ambiente.
En este nuevo escenario, se incrementa el peso de la figura del compliance officer. Así lo explicó Javier López Galiacho, de FCC: "Si bien la figura del compliance officer ya venía funcionando en algunas empresas para prevenirlas de prácticas anticompetitivas, este rol se está generalizando tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal".
Galiacho afirmó que la figura del chief etic compliance officer (CECO) ha de estar "al máximo nivel" dentro de la empresa y depender directamente del consejo de administración. "Será el Pepito Grillo de la organización y tendrá que denunciar las malas prácticas", añadió, y puso como ejemplo a Siemens, donde el CECO tiene un equipo de 250 personas.
Asimismo, el directivo defendió la aprobación de un código ético fuerte con principios de conducta que prevengan el delito y que sirva para exonerar o atenuar las eventuales responsabilidades penales.
