Dicha cantidad, equivalente actualmente a alrededor de 1.3 billones de dólares anuales, respaldada por políticas nacionales e internacionales con miras al futuro, permitiría que la economía mundial creciera al menos al mismo ritmo, si no es que mayor, que el previsto con los modelos económicos actuales.
Pero según el estudio, sin los riesgos, impactos, carencias y crisis crecientes, cada vez más inherentes a la economía «marrón», caracterizada por el agotamiento de los recursos y elevados niveles de carbono. Así, el informe pone en entredicho el mito de la supuesta disyuntiva entre inversión ambiental y crecimiento económico y, en su lugar, apunta hacia una «generalizada asignación incorrecta del capital».
El informe no solo considera una economía verde como una opción pertinente para las economías más desarrolladas, sino también un catalizador del crecimiento y de la erradicación de la pobreza en las economías en desarrollo, en las que en ocasiones cerca del 90 por ciento del PIB depende de la naturaleza o capital natural, tales como los bosques o el agua dulce.
En el informe se hace referencia a la India, donde más del 80 por ciento de los 8.000 millones de dólares de la Ley Nacional de Garantía de Empleo en Zonas Rurales, que asegura al menos 100 días de trabajo remunerado a los hogares rurales, se invierte en la conservación del agua, la irrigación y el desarrollo del suelo. Esta ley ha generado 3.000 millones de días de trabajo remunerado, beneficiando a cerca de 60 millones de hogares.
Simulacro de reasignación
Para realizar este informe se han simulado los resultados que se obtendrían reasignando aproximadamente 1,3 billones de dólares anuales a inversiones verdes en diez sectores fundamentales (una cifra equivalente a algo menos de una décima parte de la inversión total anual en capital físico).
Actualmente, el mundo gasta entre el uno y el dos por ciento del PIB mundial en una serie de subvenciones que a menudo no hacen sino perpetuar una utilización insostenible de los recursos en áreas como los combustibles fósiles, la agricultura, incluyendo subvenciones a los plaguicidas, el agua y la pesca. Muchas de estas subvenciones contribuyen a generar daños ambientales e ineficiencias en la economía mundial, de ahí que su progresiva reducción o eliminación definitiva generaría múltiples beneficios, permitiendo liberar recursos para financiar la transición a una economía verde.
El informe, que forma parte de un estudio macroeconómico más amplio publicado en la red, pretende acelerar el desarrollo sostenible y forma parte de la contribución del PNUMA a la preparación de la conferencia Río+20 que se celebrará en Brasil el año próximo.
Ingresos y empleo
Además de propiciar un mayor crecimiento, una transición generalizada a una economía verde permitiría obtener ingresos per cápita más elevados que los de los modelos económicos actuales, al mismo tiempo que reduciría la huella ecológica casi en un 50 por ciento en el 2050 respecto al modelo actual.
El informe sobre economía verde reconoce que, a corto plazo, la pérdida de puestos de trabajo en algunos sectores, como el de la pesca, resulta inevitable si se quiere realizar la transición a la sostenibilidad. Con el fin de garantizar una transición justa y aceptable socialmente será necesario efectuar inversiones, financiadas, en algunos casos, con los recortes de las subvenciones perjudiciales, para re-entrenar y re-educar a una parte de la fuerza de trabajo mundial.
El informe defiende que, a la larga, el número de «empleos nuevos y dignos» que se crearán en sectores como las energías renovables o la agricultura sostenible compensarán los puestos de trabajo perdidos en la antigua «economía marrón».