La polémica decisión permitirá una gran expansión de las zonas vacacionales, los campos de golf, los parques de aventura y la tala comercial de árboles a lo largo de Gran Bretaña, una vez que la tierra sea vendida a compañías privadas.
La legislación que actualmente rige los ‘bosques antiguos’ como el de Dean o el de Sherwood – el bosque de Robin Hood - será cambiada para dar a las empresas privadas el derecho de talar árboles. Estas leyes están incluidas en la Carta Magna de 1215; algunos artículos son incluso anteriores.
Primeras reacciones
Los grupos conservacionistas instaron a los ministros a asegurarse de que los ciudadanos podrán seguir disfrutando de los paisajes tras la privatización, cediendo algunas zonas a grupos comunitarios u organizaciones caritativas tal y como han asegurado fuentes del Gobierno.
Según una fuente cercana al Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra), "estamos buscando revitalizar nuestros bosques trayendo nuevas ideas e inversiones y poniendo la conservación en manos de las comunidades locales".
Defra es uno de los departamentos gubernamentales pero parados por la Spending Review, con la secretaria Spelman, ya que pierde alrededor del 30 por ciento de su actual presupuesto de 2,9 billones de libras anuales en 2015.
Los sindicatos han prometido luchar contra el plan de venta. Allan MacKenzie, secretaria de las Forestry Commission Trade Unions afirma que "nos oponemos a cualquier venta de tierra. Una vez que se vende, nunca volverá. Cuando se privaticen, las restricciones llegarán a la tierra lo que significa que el público no tendrá el mismo acceso del modo en que ahora lo tiene en el sistema público. El sistema actual permite que una enorme cantidad de gente disfrute de los bosques y se sienta dueña de ellos. Es parte integral de la sociedad".
Otro punto de vista tiene un portavoz del National Trust: "potencialmente esta es una oportunidad. Dependería de qué mitad de la tierra venden, si es valorable en términos de naturaleza, conservación y paisajismo, o de valor comercial en términos de tala comercial". Y continúa: "Seremos estrictamente pragmáticos, estudiando cada venta caso a caso, asegurándonos de que la tierra vaya a las organizaciones apropiadas para cada ubicación, y estando seguros de que el público pueda seguir disfrutando de la tierra".
Mark Avery, director de conseración de la Royal Society for the Protection of Birds (RBSP) dijo: "Puedes entender por qué este gobierno se preguntaría ‘por qué el estado necesita tener a su cargo el cuidado de los árboles’, porque hay mucha gente que se gana la vida con el cuidado de los árboles. Pero la Comisión Forestal hace mucho más que eso. Mucho de su trabajo es para cuidar la naturaleza y los paisajes".
"Estaríamos bastante tranquilos respecto a la idea de algunas privatizaciones, pero no si se hacen ventas erróneas como los bosques de Dean o Sherwood, que tienen un increíble valor de biodiversidad y no deberían ser vendidos. Miraremos muy cuidadosamente el plan. Sería posible vender el 50% si se hace del modo correcto".
Antecedentes
En 1992, el gobierno conservador de John Major, también en busca de ingresar dinero en plena recesión, desarrolló planes para privatizar tierras públicas, desde extensas plantaciones de coníferas hasta pequeños parques vecinales.
John Gummer, entonces ministro de agricultura, escribió a sus colegas de gabinete diciendo que el quería recaudar dinero y dejar los bosques fuera del sector privado. Major respaldaba la venta, que habría reportado, se esperaba, un billón de libras.
Sin embargo, el plan fue abandonado después tras un estudio desarrollado por funcionarios del Estado en medio de una amplia oposición pública.