El ministro de Fomento, José Blanco, declaró en un debate público no estar de acuerdo con las disposiciones finales del acuerdo, oposición a la que se sumó la vecina Italia. Sin embargo, ni la española ni la italiana fueron voces de peso para bloquear la propuesta que finalmente vio la luz.
En el caso español, Blanco afirmó que 'la tasa perjudica en especial a los países periféricos como España frente a los centralistas, ya que sus transportistas deben recorrer distancias más largas'. Por ello, el ministro solicitó que se permitiesen exenciones de pago para los camiones catalogados como 'más eficientes'. Concretamente, España solicitó que las categorías 'euro V' y 'euro VI' no tuvieran que pagar la tasa hasta 2013 y 2020 respectivamente, una petición respaldada por Portugal, Malta, Lituania, Bulgaria, Rumanía y Estonia. Sin embargo, la respuesta de la UE fue que la categoría 'euro v' quedara exluida hasta el 31 de diciembre de 2013 y la 'euro VI' hasta finales de 2017.
Los ingresos generados por el cobro de la tasa no tendrán que ser destinados obligatoriamente a la promoción del transporte sostenible, como se había planteado originalmente. Muchos países de la UE estaban en contra de ninguna imposición, por lo que la UE acabó cambiando la obligatoriedad por la recomendación.
