La Unión Europea ha establecido el objetivo de reciclar el 25% de las pilas para 2011, y el 45% para 2015. En España, la legislación obliga a las empresas distribuidoras de pilas y baterías a correr con los gastos de la recogida y gestión de los componentes gastados, además de tener que colaborar con las Comunidades Autónomas en la concienciación sobre el reciclado.
En concreto, la ley española establece los siguientes pasos a seguir por las empresas: Contribuir con recursos económicos a los Sistemas Públicos de Gestión, establecer su propio Sistema de Gestión Individual, participar en un sistema integrado de Gestión y establecer un sistema de depósito, devolución y retorno de las pilas y baterías usadas que haya puesto en el mercado.
Recuperar el máximo posible de pilas y baterías contribuirá a la mejora del medio ambiente, dado el alto nivel de contaminación de algunos de los componentes que las forman. Muchas de ellas se arrojan directamente a vertederos o incineradoras, donde por descomposición o combustión acaban arrojando a la naturaleza sus materiales dañinos, que acaban afectando a todos los eslabones de la cadena natural y alimenticia. Por ello debe impulsarse el camino recién iniciado de la reutilización de pilas y baterías.