La colaboración con el Gobierno dentro de sus medidas energéticas no es casualidad, pues la Administración Pública española es un ejemplo a seguir para el sector privado, libre por el momento de medidas legales de reducción de consumo energético.
Por ellos los 5.000 millones de euros servirán para conciliar el sector público y privado, pues se ha aprobado la salida a concurso de 330 edificios públicos para prestar servicios energéticos mediante las ESE. Estas instalaciones deben cumplir dos requisitos: Una superficie de más de 30.000 metros cuadrados y un consumo energético anual de menos de 40.000 euros. En estos edificios las intervenciones de las ESE supondrán un ahorro de unos 80.000 euros por edificio al año. El riesgo de la operación lo asumen las empresas de servicio energético, pues sólo obtienen beneficios si se cumplen las cuotas de eficiencia.
El secretario general de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI), Javier Sigüenza, ha argumentado el porqué de la ventaja pública en eficiencia energética respecto al sector privado: "La energía en España es barata, supone un impacto medio en la cuenta de resultados de una empresa de en torno al 5%, por lo que este coste todavía no se percibe como un problema". Actualmente sólo la gran industria y algunos sectores como el cementero usan medidas de eficiencia energética dentro del sector privado.