La Ley de Responsabilidad Medioambiental obligará, una vez impuestas las órdenes ministeriales pertinentes, a cumplir con unos mínimos de responsabilidad medioambiental para alcanzar los cánones de garantía financiera que exigirá el Gobierno. La norma está en vigor desde 2007, y establece, al igual que la normativa europea de responsabilidad medioambiental, responsabilidades y sanciones a aquellas compañías que contaminen.
Según el estudio, un 13% de las empresas encuestadas no conoce la Ley, y un 15% de las mismas desconoce si su empresa realiza las actividades englobadas en el Anexo III de la normativa, el referente a las actividades productivas con riesgos potenciales para el medio ambiente y por tanto con posibilidad de sanción, según lo establecido en el texto.
Otro dato significativo del estudio es que el 8% de las empresas con análisis de riesgos medioambientales realizados no cumple la cuota de garantía financiera, en la mayoría de casos por haber realizado el estudio con un enfoque y objetivo diferentes al que marca el reglamento.
Aún así, este 20% de empresas españolas con estudios refleja el compromiso de las mismas por controlar las actividades de producción y realizarlas de forma sostenible, en un acto de innovación y de cumplimiento de la normativa, incluso antes de que ésta sea efectiva.
