Ley Ómnibus de la UE: la simplificación bajo escrutinio y los retos de la sostenibilidad empresarial

En un movimiento que busca redefinir el equilibrio entre regulación y crecimiento económico, la Comisión Europea, bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, impulsó el Paquete Ómnibus en febrero de este año. Presentado como una "primera propuesta para una simplificación de gran alcance", esta iniciativa se enmarca en la estrategia "Brújula para la Competitividad", para impulsar la innovación y descarbonización en la UE. El objetivo es aligerar las obligaciones normativas, particularmente en sostenibilidad, para que las empresas "se beneficien de normas más ágiles" y mantengan su competitividad global, asegurando que la UE sigue "firmemente encaminada hacia los objetivos de descarbonización". La Comisión estima ahorros anuales de unos 6.300 millones de euros y la movilización de inversiones adicionales.

Sin embargo, la aprobación del Ómnibus ha suscitado análisis y preocupaciones entre los profesionales de la sostenibilidad. La mesa redonda reflejó una amalgama de alivio por la simplificación e inquietud por los siguientes pasos. Si bien hay consenso en valorar positivamente la intención de simplificar un marco normativo denso, las dudas persisten.

Simplificación bienvenida, pero cargada de matices y dudas

La sensación de navegar hasta ahora un "tsunami normativo" era compartida. Conchita Navarro, directora de Sostenibilidad y RSC de Mutua Madrileña, reconoció que, quizás, "el Gobierno europeo había imprimido una velocidad demasiado rápida" y, desde esta perspectiva, la simplificación es un respiro, especialmente "para empresas más pequeñas que carecen del músculo de las grandes corporaciones", dijo.

Alberto García-Blanco, head of Sustainability para España de Saint-Gobain, se sumó a esta idea: "Todo lo que sea simplificar, bienvenido sea",  sentenció. En este sentido, aludió al tema de la capacidad de la Administración para implementar la normativa con total garantía, señalando dificultades como los problemas surgidos en la gestión con la plataforma para el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) –"la web daba error y no permitía avanzar"– o la lentitud en la tramitación de expedientes –"se arranca con un procedimiento en la Administración Pública en octubre y en el mes de abril todavía no tienes ni número de expediente"–. Estos cuellos de botella, argumentó, pueden hacer que una normativa "frene más que catalice" el progreso.

No obstante, la simplificación no es homogénea ni exenta de críticas. Carlos Ruiz Alonso, Sustainability director de Acerinox, matizó que esta se centra en reducir la carga administrativa, y pospone las obligaciones para pymes. Si bien esto puede reducir la burocracia global, Alonso expresó su preocupación sobre la CSRD: "Las grandes empresas vamos a estar reportando con los mismos estándares hasta 2027, lo cual, desde mi punto de vista, no tiene sentido". Argumentó que los más de mil 'data points' exigidos por los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS) contienen información "no valorada por ningún grupo de interés". Y consideró que la simplificación de los ESRS debería acometerse con "mayor celeridad", y no esperar dos años, ya que un reporting más enfocado beneficiaría a empresas y usuarios.

Desde una perspectiva externa, Luciana Dovile Álvarez, co-founder & COO de Punto ESG, con experiencia en Latinoamérica, subrayó el papel de la normativa europea como "línea de base" mundial, aunque advirtió de que el Paquete Ómnibus lanza una "señal confusa" internacionalmente, sembrando dudas, por lo que insistió en que la información de sostenibilidad debe ser "relevante" –respondiendo a una materialidad definida–, "clara" –comprensible–
y "acotada" –evitando la sobrecarga–. Algo en lo que todos se mostraron de acuerdo poniendo en duda la utilidad de los extensos informes y apuntando a la necesidad de formatos más ágiles.

La Dicotomía de la Simplificación: mientras se valora el alivio de la carga burocrática, preocupa que el Paquete Ómnibus envíe señales de incertidumbre regulatoria

El vínculo inquebrantable y estratégico: sostenibilidad y competitividad

La preocupación más recurrente es el riesgo de que la narrativa de la simplificación, impulsada por críticas que tildan la regulación de "carga burocrática que daña la competitividad", consolide la falacia de que la sostenibilidad es un lastre y no un motor económico. Conchita Navarro fue vehemente en este punto: "No se puede banalizar ni simplificar contraponiendo competitividad a sostenibilidad. Al contrario, las empresas que estamos convencidas usamos la sostenibilidad como palanca de competitividad". Esto subraya que la gestión responsable es una herramienta estratégica para la creación de valor, gestión de riesgos y nuevas oportunidades.

Carlos Arango, director general de DIRSE, reforzó este mensaje citando el posicionamiento de la entidad: "Sostenibilidad es igual a competitividad". Explicó que este vínculo se basa en la capacidad de la sostenibilidad para mejorar la gestión empresarial: "Si estás contemplando el valor a largo plazo, si estás contemplando la gestión de riesgos, si estás viendo la creación de oportunidades, la financiación sostenible, etcétera, estás creando mejores empresas y –concluyó– si estás creando mejores empresas, también serán más competitivas". Desde DIRSE se refuta que normativas como la CSRD, la CSDDD o la Taxonomía sean meras cargas, presentándolas como herramientas que impulsan innovación y mejora. Luciana Dovile Álvarez remató la idea apuntando que: "No hay sostenibilidad sin negocio", enfatizando la necesidad de integrar la sostenibilidad en la estrategia central.

El ciclo de encuentros Compromiso con la Sostenibilidad, coorganizado por CompromisoRSE y DIRSE, se celebra en el Hotel Four Seasons de Madrid.

Más allá de la burocracia: el foco en la eficacia y la urgencia climática

Carlos Ruiz Alonso cuestionó si el enfoque del Ómnibus se limita a reducir la carga administrativa obviando la eficacia de la legislación: "¿Realmente la legislación aprobada va a ayudar a cumplir los objetivos que teníamos previstos?", se preguntó. Y utilizó el CBAM como ejemplo: su objetivo es crear un "mismo campo de juego" competitivo para productores europeos frente a externos en costes de carbono –dijo– , y su eficacia reside en su capacidad para  nivelar ese terreno. La preocupación de Ruiz Alonso es que la revisión se centre en la simplificación y no evalúe si las normas serán efectivas para la transición ecológica o la competitividad industrial.

Ligado a esto, la seguridad jurídica emergió como pilar para la confianza empresarial. Los "cambios de paso" regulatorios generan incertidumbre y dificultan la planificación a largo plazo. Modificar directivas fruto de largos procesos de negociación (la CSDDD requirió cuatro años) pocos meses después de su entrada en vigor puede erosionar la credibilidad de las instituciones europeas. Esta volatilidad, se apuntó desde DIRSE, afecta la credibilidad interna de los responsables de Sostenibilidad, y Conchita Navarro insistió en la necesidad de un marco estable y de que la regulación sea "eficaz, concreta, clara y no pueda generar un entorno inseguro".

Otro efecto negativo señalado desde DIRSE fue la penalización de empresas pioneras, "ejemplares, que han avanzado para prepararse con tiempo y cumplir la normativa y que ahora se ven igualadas con las más rezagadas". Además, existe la inquietud de que esta relajación se interprete como pérdida del "sentido de urgencia" contra el cambio climático. En este sentido, desde DIRSE se advirtió de que "esta década es crucial" y que las propuestas del Ómnibus, con su "laxitud" y "dilación en el tiempo", podrían sugerir que "la urgencia ya no existe", cuando la ciencia indica lo contrario.

El gran desafío pendiente: integrar efectivamente a las pymes

El tratamiento de las pymes en el Paquete Ómnibus es un nudo gordiano. Elevar los umbrales de aplicación de la CSRD (dejando fuera a empresas con menos de 1.000 empleados o 450 millones de euros de facturación) y eliminar la obligatoriedad de reporte para pymes cotizadas exime a cerca del 80 % del tejido empresarial europeo.

Si bien la intención de aliviar la carga sobre las pymes es comprensible, las implicaciones de esta exclusión masiva generaron preocupación entre los participantes en esta charla. Carlos Ruiz Alonso advirtió de que eliminar la obligación a las pymes es lanzarles el mensaje de "que esto no va con ellas, de que no importa", lo que choca con la necesidad de que la transición sostenible sea un esfuerzo colectivo. Además, plantea problemas prácticos: ¿cómo cumplirán las grandes empresas sus obligaciones de diligencia debida en la cadena de valor (CSDDD), que requieren información de proveedores Tier 2 y Tier 3, si estos (muchas pymes) ya no están obligados a recopilarla? "¿Cómo vamos a pedir nosotros a nuestro Tier 2 y 3 que nos den información si no están obligados?", reiteró Alonso.

Por su parte, Luciana Dovile Álvarez puso sobre la mesa la realidad de muchas pymes en este ámbito, aludiendo a su falta de conocimiento técnico ("¿en qué 'idioma' me estás hablando?", ejemplificó su interacción con un productor de leche asturiano), escasez de personal y limitaciones presupuestarias. La solución, argumentaron varios participantes, no es la exención total, sino una combinación de simplificación adaptada, acompañamiento y apoyo específico. Carlos Arango destacó el estándar voluntario para pymes no cotizadas (VSME) como una herramienta que ofrece una "simplificación que debería ser la base" para las solicitudes de información en la cadena de valor. Subrayó que DIRSE, también microempresa, ha publicado su informe bajo este estándar, demostrando que "es posible" y "realizable", y que el proceso impulsa mejoras.

Sin embargo, la barrera no es solo técnica o económica, sino cultural. Juan Pablo Gallardo, CCMO de SYGRIS, compartió, como ejemplo, la experiencia de un proyecto financiado con fondos europeos para un portal de reporting gratuito y estandarizado para asociados de una patronal de componentes de automoción que, a pesar de ofrecer valor (homologación sectorial a coste cero), tuvo una participación "paupérrima". Por ello, su conclusión fue que: "No le ven el valor añadido. Piensan que es una tarea más", lo que evidencia que la obligatoriedad no basta sin "educar y sensibilizar" sobre los beneficios. Quizás, sugirió, sean necesarios "incentivos fiscales" o "acciones concretas" gubernamentales para que las pymes vean la sostenibilidad como una oportunidad y no como una carga.

Conchita Navarro sintetizó el problema destacando que está "en ese más de un 90 % de empresas a las que todo esto les supone frenos porque lo acogen con miedo, con temor o con incapacidad".

La información de sostenibilidad debe ser relevante, clara y acotada y son necesarios formatos más ágiles que los extensos informes

El rol crucial de las grandes empresas como tractoras y la necesidad de apoyo

Las grandes empresas, aunque menos afectadas por la relajación de umbrales, refuerzan su papel central. Como apuntó Conchita Navarro, para ellas, "va a cambiar poco la situación", ya que la sostenibilidad está integrada en su estrategia por convicción, demanda de inversores o gestión de riesgos, por lo que continuarán reportando e impulsando la sostenibilidad en sus cadenas de valor. En este sentido, en este desayuno de trabajo se reconoció unánimemente el "efecto tractor" de estas corporaciones. Carlos Arango aseguró que "no hay ninguna gran empresa con plan director de sostenibilidad que no tenga como una de sus líneas de actuación el scoring de riesgos ESG de sus proveedores y los planes para acompañarlos" y añadió que, en muchos casos, "las empresas grandes han impulsado más la transición de las pequeñas y medianas que muchas de las legislaciones que se han implementado". Sin embargo, este esfuerzo tiene límites, ya que, como reconoció Arango, hay sectores "especialmente complicados", como puede ser el de los pequeños talleres, donde el perfil empresarial y la presión por la "propia subsistencia económica" hacen de la sostenibilidad un lujo. Las grandes empresas pueden "apoyar" y "tirar del carro", pero se requieren "circunstancias estructurales" y un "abordaje conjunto" con las Administraciones públicas.

La preocupación más recurrente es que la narrativa de la simplificación consolide la falacia de que la sostenibilidad es un lastre y no un motor económico

Mirando hacia el futuro: convicción, integración en el negocio y cambio de narrativa

A pesar de la incertidumbre y las críticas al Ómnibus, el mensaje predominante en esta charla fue de apostar por la resiliencia y por mantener la convicción en el valor de la sostenibilidad. Varios ponentes recalcaron que la transformación sostenible trasciende el cumplimiento normativo. "La única forma de ser sostenible es gestionar de forma responsable y eso lo vamos a seguir haciendo", sentenció Conchita Navarro, defendiendo el "valor de la convicción". La normativa, añadió, puede aportar un "cierto impulso", pero "en esto o crees o no crees".

Un tema recurrente fue la necesidad de anclar la sostenibilidad al núcleo del negocio. Carlos Arango y Juan Pablo Gallardo enfatizaron que la sostenibilidad "va a perdurar unida al 100 % al negocio, no a la regulación". En este sentido, Arango recordó la "ley extra normativa" del "money flow": el capital fluye donde encuentra menos resistencia y premia a empresas con la sostenibilidad "embebida en su ADN".

Éstas escuchan a sus grupos de interés, gestionan impactos, aseguran cadenas de suministro e invierten en comunidades, porque "cuanto más hagamos todos por unir la sostenibilidad a la realidad de negocio y su impacto, lo demás será, en cierto modo, anecdótico", concluyó Gallardo.

Finalmente, se subrayó la urgencia de un cambio de "narrativa". Carlos Arango se hizo eco de las palabras de expertos como Alberto Andreu y abogó por "pasar de la narrativa activista que ha habido últimamente a una más práctica, económica". Es decir, comunicar la sostenibilidad en términos de valor empresarial: eficiencia, gestión de riesgos, innovación, talento, financiación y resiliencia. Ver la sostenibilidad, como sugirió Alberto García-Blanco, como una tendencia estructural que, "como sucede con el Ibex- 35", aunque fluctúa, "si analizas su evolución, ves que siempre es al alza".

En conclusión, el Paquete Ómnibus ha abierto una nueva etapa de reflexión en el camino europeo hacia la sostenibilidad. Suscita un debate sobre el equilibrio entre reducir la carga administrativa, la eficacia de las normas para los objetivos del Pacto Verde, y la necesidad de integrar a todo el tejido empresarial, especialmente a las pymes. La transposición nacional, la revisión de los ESRS y la capacidad del ecosistema para fomentar la convicción y demostrar el valor intrínseco de la sostenibilidad, determinarán si este paquete logra sus objetivos de competitividad sin diluir la ambición sostenible de Europa.