Las nuevas regulaciones puestas en marcha por la Unión Europea, como la nueva directiva de informes de sostenibilidad corporativa y la taxonomía europea, traen cambios sustanciales relativos a la divulgación de información no financiera, lo que impulsará la sostenibilidad de las empresas al ampliar el alcance, facilitar el acceso común a la información y establecer un marco común de actividades económicas que contribuyan a la consecución de los objetivos medioambientales de la UE.
Ante esta radiografía, la directora de Marketing y Comunicación de Accenture, Paloma Cabrera, opina que la regulación europea va a impulsar positivamente la ASG en las compañías, ya que “pasamos de un enfoque voluntario a un enfoque obligatorio. Las empresas tendrán que hacer un esfuerzo para cumplir con las nuevas regulaciones, como el reciente que hemos hecho con la publicación de los estados de información no financiera, de entendimiento del concepto ASG, de la adaptación de los sistemas de gestión, la redimensión de equipos y el replanteamiento de los servicios y productos siempre con un enfoque de sostenibilidad”. Y, en opinión de Paloma Cabrera, los beneficios que conllevará la nueva regulación son múltiples “ya que seremos capaces de medir el impacto de nuestra actividad ASG, así como de nuestro entorno en los negocios, además de seguir impulsando la transparencia y trabajar hacia un marco más estandarizado que nos permitirá comparar el desempeño entre compañías”.
En esta línea, la directora de Fundación Randstad y RSC, María Viver, considera que “es necesario que el marco regulador europeo y español establezcan unos estándares de actuación común en materia de sostenibilidad que ‘obliguen’ a implementar unos comportamientos medioambientales, sociales, económicos y éticos, fundamentales para garantizar la perdurabilidad, tanto del ecosistema como del sistema competitivo de Europa”. Y añade: “La taxonomía tiene como objetivo mejorar el flujo de capitales hacia actividades sostenibles en toda la Unión Europea. Para lograr que Europa sea más cuidadosa con el planeta y conseguir la neutralidad de emisiones antes de 2050, así como impulsar las inversiones hacia tecnologías y empresas más sostenibles, estableciendo unos parámetros similares para avanzar en conjunto”.
Una opinión que comparte el director general de Fundación MásFamilia, Rafael Fuertes, al explicar que “el marco legislativo siempre ha sido clave a la hora de poner en marcha las principales revoluciones sociales y medioambientales que se han producido en los últimos años”. Por tanto, “creemos que es de vital importancia promover este tipo de iniciativas para que las organizaciones no pierdan su foco y sigan trabajando no sólo desde un punto de vista de obtener resultados financieros óptimos, sino más allá en el ámbito de la sostenibilidad y la RSE”.
Además de impulsar un mayor desempeño ASG por parte de las empresas, los miembros del Comité Asesor de CompromisoRSE también apuntan que el incremento legislativo tendrá un efecto importante en el aumento de transparencia. De este modo, el global head of Responsible Business de BBVA, Antoni Ballabriga, afirma que “la regulación está siendo una palanca clave para impulsar la sostenibilidad en Europa. No solo la regulación financiera como las taxonomías, la transparencia sobre sostenibilidad o la supervisión bancaria, sino también la regulación creciente en los distintos sectores para alcanzar los objetivos de sostenibilidad fijados a nivel europeo”.
En la misma línea, la directora de Comunicación de Henkel Ibérica, Elisenda Henkel, cree que “las nuevas normas legislativas impulsarán más la sostenibilidad, pero sobre todo la transparencia. Y eso es muy bueno. Las grandes empresas están muy activas en contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también empresas de menor tamaño hacen muchas cosas en este campo y esto ayudará a dar mayor visibilidad. Además, la digitalización también está ayudando a que se puedan recopilar más datos y hacer análisis de mayor calidad para poder realizar un seguimiento exhaustivo de los objetivos que cada compañía se marca en el marco de la sostenibilidad”.
Concretamente, en el ámbito financiero, el profesor de Instituto de Empresa, Joaquín Garralda, destaca que una norma que va a ser muy importante es el Reglamento de Divulgación SFDR. “Esta norma obliga a las gestoras de inversión y entidades del sector financiero a que indiquen la categoría –artículo 6, artículo 8 o artículo 9, que reflejan su estrategia de inversiones en temas de sostenibilidad– de los fondos que comercializan. Es otra medida de la Unión Europea que busca evitar el greenwashing, pero es muy relevante ya que pone el foco en las instituciones intermediarias, entre el ahorrador final y las empresas en las que invierten las gestoras. En la medida en que el estándar sea único y que a partir del año que viene tienen que preguntar al inversor final su preferencia ante temas medioambientales y sociales, el impulso que va a dar esta regulación a las inversiones responsables y sostenibles va a ser muy notable”.
También hace hincapié en la repercusión que tiene la legislación en el acceso a la financiación el director general de TÜV Rheinland Ibérica, Gonzalo Castro, al afirmar que “cabe pensar que no es solo el marco legislativo directo el que, incorporando obligaciones vinculadas a ASG, promueve un incremento de acciones y compromisos sostenibles en la estrategia empresarial, sino también el acceso al capital. Los inversores tienen en cuenta los índices de sostenibilidad y están predispuestos a financiar proyectos que promuevan mejoras ASG, especialmente ambientales y vinculadas a la reducción de la huella de carbono y a las energías limpias”.
Mientras que el director gerente de AECA, José Luis Lizcano, destaca que la creciente legislación “ha influido de manera definitiva a que, por ejemplo, la información corporativa sobre sostenibilidad se integre, casi a un mismo nivel de relevancia, al canal de información financiera y sea tenida en cuenta, con sus políticas ASG asociadas, en las decisiones de grandes inversores, institucionales principalmente”.
No obstante, algunos expertos opinan que la legislación todavía tiene retos como la medición y la unificación de criterios para que las empresas avancen en la misma dirección. Esta es la opinión de Yolanda Erburu, chief Sustainability & Corporate Affairs de Sanitas y Bupa Europe & Latinoamérica, que afirma que “la ampliación e incorporación de un marco legislativo, en cualquier ámbito de acción, es siempre una medida de gran impacto. Las compañías debemos ser punta de lanza en materia de sostenibilidad, puesto que debemos mostrarnos responsables con nuestra actividad y, como resultado con nuestro entorno. Pero precisamos de unas normas, control, medición y gestión que unifique y profesionalice criterios y también que supervise que todos estamos dando los pasos necesarios y en la dirección adecuada.
Para el professor and head of Business Ethics Department del IESE Business School, Joan Fontrodona, “el cumplimiento de las leyes -y las penalizaciones por no cumplirlas- son siempre un buen motivador para la actuación ética de las empresas”. No obstante, el experto advierte de sus efectos secundarios: “Hay que ir con cuidado en qué se legisla y cómo se aplica. Si el marco legislativo sirve para que las empresas sean más activas en sostenibilidad, bienvenido sea. Pero hay que evitar que implique un exceso de burocracia. A veces, me parece que pasamos mucho tiempo teniendo que decir lo que hemos hecho, que podríamos usar mejor en hacer en vez de decir que lo hemos hecho”.
Precisamente, en este sentido, el director de Responsabilidad Social de Eroski, Alejandro Martínez Berriochoa, aborda la complejidad de trasladar la legislación europea tanto a España como a cada una de sus comunidades autónomas. De hecho, el experto explica que “esto está provocando algunos problemas que deberían solucionarse con un trabajo más armonizado por parte de los legisladores. No tiene sentido que en un mismo mercado (el español) tengamos normas diferentes (por ejemplo, sobre envases, reciclaje, reutilización…) según la comunidad autónoma, cuando marcas y operadores trabajamos, como es natural, en todo el mercado”.
Más escéptico se muestra el exdirector de RSE de Gredos San Diego, Juan José Barrera, al considerar que “si bien parecía que era un paso positivo, visto los resultados que se están dando en los momentos actuales, para poco ha servido. Las empresas hacen informes de RSE y dicen apostar por la Agenda 2030 aplicando los ODS, pero la respuesta a los problemas que padecen los ciudadanos con las actuaciones de las empresas no son socialmente responsables, sirva como ejemplo, la escalada de precios de las empresas energéticas que afectan a empresas, clases medias y personas con bajos ingresos, o los bancos con la reducción de oficinas que contradicen su famosa campaña de ‘banca personal’ y que deja sin atención a muchos ciudadanos que tienen desconocimiento de sistemas informáticos”.
Una opinión que comparte el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (OCU), Fernando Móner. El experto afirma que “iniciativas como la Directiva de Información no Financiera y Diversidad constituyeron un primer paso para fomentar la transparencia de las empresas. Sin embargo, desde distintas organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa se ha alertado de su poca utilidad, ya que los informes disponibles no aportan la información clara y necesaria sobre los planes de las empresas en temas como los derechos laborales, derechos humanos, medio ambiente y corrupción. La revisión de la directiva y su implementación en España deben garantizar, por ejemplo, mecanismos de transparencia y divulgación de las listas de proveedores y la propiedad de las subsidiarias, para garantizar la implementación de las medidas legislativas de debida diligencia de la UE”. Es por ello por lo que el máximo responsable de OCU concluye que “el desarrollo de estos marcos legislativos es claramente positivo, pero tenemos que tomar pasos decididos que garanticen la apuesta por la sostenibilidad con hechos, no solo con palabras, dando respuesta al compromiso que ya están mostrando los consumidores”.
El director general de Intermón Oxfam, José María Vera, opina que “el incremento, endurecimiento y sofisticación de la legislación europea tiene y tendrá un impacto determinante en la apuesta por la sostenibilidad, más allá del reporte correcto”. Dicho esto, el directivo de Intermón Oxfam cree que el orden de factores que influyen en el cambio de mayor a menor peso es, por este orden, “el interés de los inversores por la percepción de riesgo para sus activos y por conciencia inteligente del impacto climático y social, la regulación y presión/sensibilidad del pequeño inversor”.
Por su parte, aunque se muestra partidario del aumento del marco legislativo, puesto que se traduce en un mayor desarrollo de la sostenibilidad, el gerente de l’Ateneu Barcelonès y profesor de Sostenibilidad en el Executive MBA del IQS, Daniel Ortiz, advierte: “No podemos fiarlo todo a la voluntariedad, porque los cambios son demasiado lentos y el tiempo se acaba: ¡Estamos en una auténtica contrarreloj! El reto es ser capaces de legislar bien. No necesitamos un montón de nuevas normas y obligaciones empresariales (en ocasiones absurdas), sino incentivos potentes para avanzar de verdad en la transformación sostenible del planeta”.
Pero más allá de la legislación, de la que se muestra a favor, el director ejecutivo de Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Victor Viñuales, opina que “el miedo a los cambios legislativos empuja el cambio, pero también los están empujando los consumidores, la propia convicción de los empresarios y los directivos. Lo empuja de forma creciente las expectativas de la sociedad y de los jóvenes que buscan trabajo y no quieren trabajar en empresas que no encajan con sus ideales. Y también lo empuja, lamentablemente, la reiteración de fenómenos atmosféricos extremos. El cambio hacia la sostenibilidad es imparable porque lo impulsa un gran conjunto de factores”.
Con el objetivo de paliar los efectos económicos derivados de la pandemia de la COVID-19, la Unión Europea ha puesto en marcha el programa Next Generation EU para impulsar el crecimiento económico de los Estados Miembro.
El fondo Next Generation EU es un Fondo de Recuperación Europeo dotado, en una primera fase, con 750.000 millones de euros que destinarán al presupuesto de la Unión Europea una nueva financiación obtenida en los mercados financieros durante el periodo 2021-2024. Para España, estos fondos se traducirán en una dotación de hasta 140.000 millones de euros para reformas e inversiones entre 2021 y 2026. De ellos, casi 70.000 corresponden a transferencias no reembolsables, que en su mayoría se ejecutarán entre 2021 y 2023. El resto corresponde a créditos disponibles.
Con el objetivo de trasladar estos fondos a la realidad española, el Gobierno presentó, el 30 abril de 2021, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE), sobre cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género. A su vez el Plan se estructura en torno a diez políticas palanca que integran 30 componentes o líneas de acción, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión.
Tal y como afirma el Gobierno español en su página web, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es “una hoja de ruta clara que incluye inversiones y un amplio conjunto de reformas estructurales que responden a las recomendaciones específicas de las instituciones europeas y a los propios diagnósticos realizados por nuestras instituciones y agentes sociales y de la sociedad civil recogidas entre otras vías a través de Conferencias Sectoriales, grupos de diálogo social y manifestaciones de interés”.
Ante esta realidad, la directora de Sostenibilidad de ManpowerGroup y directora de Human Age Institute, Montserrat Moliner, considera que “tenemos una magnífica oportunidad para afrontar los retos pendientes y crear las condiciones adecuadas para que estos fondos se inviertan de forma eficiente y en consonancia con los criterios ASG. Debemos impulsar la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente para responder a los desafíos de la próxima década”.
Mientras que María Viver, de Fundación Randstad, asegura que “se puede decir que la sostenibilidad es una constante en el Plan de Recuperación y se refleja, prácticamente, en todos los componentes que, unidos a los ODS como propósito de actuación. Confío en que los proyectos de transformación que se van a impulsar desarrollen y establezcan unas buenas prácticas profesionales, económicas y sociales que modificarán el tejido empresarial español. Considero que, como país, se nos presenta una oportunidad de transformación apasionante”.
También se muestra optimista la directiva de Sanitas y Bupa Europe & Latinoamérica, Yolanda Erburu, al afirmar que “si las crisis también han de medirse como oportunidades, sin duda, esta iniciativa europea, derivada de la pandemia por COVID-19, nos abre la puerta a la mayor oportunidad que tenemos como país para tomar las riendas de la gestión sostenible y liderar el cambio hacia una sociedad más verde. Somos un país con un potencial altísimo para concienciarnos de la importancia de cuidar del planeta para cuidar de nuestra salud”.
Por su parte, teniendo en cuenta que la transición ecológica acapara el 37% de los fondos, en opinión de Gonzalo de Castro, de TÜV Rheinland Ibérica, “parece lógico pensar que, en España, las empresas y los organismos públicos intentarán optar a financiación para sus proyectos incorporando, si no lo habían hecho, la transición a energías menos contaminantes, la descarbonización o reducción de la huella de carbono, la economía circular o el ecodiseño. Unos aspectos que, además, van a estar cada vez más regulados en nuestro país tras la publicación de la Ley del Clima o la futura publicación de la Ley de Residuos y la Ley de Envases y Residuos de Envases durante este año 2022”.
En este sentido, Joan Fontrodona, de IESE Business School, asegura que “sobre el papel, la sostenibilidad será uno de los criterios relevantes para adjudicar los fondos europeos y, por los primeros indicios, parece que va a ser así. Por tanto, de entrada, hay que ser optimistas. Si el compromiso con la sostenibilidad debe manifestarse también en cuántos recursos se destinan a este objetivo, con los fondos de recuperación dispondremos de unos recursos que antes no estaban”. No obstante, el experto advierte de que “como se ha desatado una cierta ‘fiebre’ por acceder a estos fondos, habrá que velar porque estos recursos no vayan a los big players de siempre, se distribuyan de una forma amplia entre la sociedad, y contribuyan a la cohesión social y a la igualdad”.
En la misma línea se pronuncia elprofesor Daniel Ortiz al recordar que “los Fondos Next Generation EU son muy importantes, pero por sí solos no garantizan absolutamente nada. No sería la primera vez que España desaprovecha oportunidades y recursos fabulosos. Baste recordar los aeropuertos vacíos o las líneas de AVE sin pasajeros”. Y añade: “Es preciso un gran esfuerzo de coordinación público-privado para distribuir y utilizar estos recursos de forma inteligente y eficiente. Y, sobre todo, el dinero debe llegar a las pymes, no se puede quedar sólo en manos de las grandes corporaciones”.
Mientras que desde ECODES, Víctor Viñuales, se muestra más escéptico al afirmar que “el Plan de Recuperación lanza un mensaje fuerte: si quieres dinero público camina hacia una economía descarbonizada y circular. Eso tiene su parte buena, es decir, que muchas empresas están acelerando su camino en clave de sostenibilidad, y su parte menos buena: otras están invirtiendo más en maquillaje. El mundo necesita transformaciones reales y con urgencia. El momento es ahora”.
Son muchos los miembros del Comité Asesor de CompromisoRSE quienes opinan que la llegada de los Fondos Next Generation EU va a suponer una oportunidad histórica para cambiar el tejido productivo español y la estructura de nuestra economía. Esta es la opinión de Antoni Ballabriga, de BBVA, al afirmar que “los fondos europeos suponen una oportunidad histórica para las empresas españolas en su proceso de transformación en digitalización y en sostenibilidad”. “Son una clara señal para la creación de incentivos y la movilización de inversiones”.
En la misma línea, la directora de Marketing y Comunicación de Accenture asegura que “esta inversión europea puede acelerar exponencialmente la transformación digital y sostenible -que para nosotros están estrechamente vinculadas- incrementando el PIB y creando empleo de calidad. Nosotros ya llevamos tiempo trabajando con nuestros clientes en reinventar sus compañías en esa dirección y muchos CEO ya se han puesto manos a la obra para integrar la sostenibilidad dentro de sus operaciones y alcanzar objetivos concretos”. Además, Paloma Cabrera añade: “Somos optimistas al ver que el sector empresarial está cada vez más comprometido y que contamos con instrumentos como estos fondos para impulsar la acción sostenible en España”.
También, el directivo de Eroski, Alejandro Martínez Berriochoa, opina que “la robusta ligazón que se ha hecho entre la llegada de los fondos Next Generation EU y el trasfondo sostenible de los proyectos y planes susceptibles de ser financiados con ellos va a suponer un punto de inflexión en la implementación de la sostenibilidad por parte de las empresas y otras organizaciones. Se trata de una oportunidad histórica que, como país, no podemos dejar escapar y que tenemos aprovechar de manera inteligente para que el retorno positivo para las empresas lo sea también para el conjunto del país y del planeta”.
Así pues, la llegada de estos fondos es una oportunidad irrepetible de orientar la economía española hacia la sostenibilidad. Y ante esta realidad, desde OCU, Fernando Móner recuerda que “tenemos muchos retos como país que pueden abordarse usando estos fondos: la situación de la ‘España Vaciada’, dotándola de buenos servicios públicos, una digitalización que no suponga una brecha digital para los consumidores vulnerables, la descarbonización del modelo productivo, una transición energética que no cargue los costes sobre los consumidores y la generación de nuevos nichos económicos basados en la sostenibilidad. Pero, para abordar estos retos y que estos fondos impulsen realmente la sostenibilidad en España, necesitamos consensos, diálogo claro y participación de todos los eslabones, especialmente de las pymes y ciudadanos”.
En este sentido, el director general de TÜV Rheinland Ibérica hace especial hincapié en el efecto que puede tener en el tejido empresarial español al afirmar que “una de las líneas novedosas que los fondos promueven también y que puede tener un mayor impacto en el tejido productivo de nuestro país, es el de reconocer y apoyar proyectos que impliquen a la cadena de valor de las organizaciones, incorporando así a las pequeñas y medianas empresas dentro de la estrategia de sostenibilidad de las grandes corporaciones, buscando relaciones mutuas responsables y duraderas en el tiempo”.
Por su parte, Elisenda Ballester, de Henkel Ibérica, asegura: “No cabe duda de que, para favorecer la salida de la crisis, es necesario estimular la economía, pero sentando las bases de una economía más productiva, competitiva y sostenible. Y es precisamente lo que se busca con este plan, pues muchas de las inversiones que recibirá España se dirigen a acelerar la transición hacia una economía más sostenible, baja en carbono y respetuosa con el clima, a maximizar los beneficios de la transformación digital y a garantizar la cohesión social. Para aprovechar la oportunidad que suponen estas ayudas es necesaria una buena planificación y una rigurosa selección de los proyectos que se financiarán según criterios de impacto social y con criterios técnicos, no políticos”.
Precisamente, Juan José Barrera pone énfasis en el hecho de que la confrontación política puede ser el gran freno en el reparto de estos fondos en España. Y afirma: “Sobre el papel, debería ser un gran impulso económico, de modernización de nuestro sistema productivo, de generación de empleo estable y de calidad y de mejora del bienestar de las personas, con mejores servicios sociales. Pero en el momento actual de confrontación política, parece que estos objetivos no son tan importantes y lo que prima es la crítica destructiva y la mediocridad de los intereses regionales, dando una imagen en la Unión Europea de país mezquino. Esperemos que la sociedad española dé una lección de sensatez y cumplamos con las expectativas de estos fondos europeos de recuperación”.
