¿Debe haber discriminación positiva para la integración laboral de las personas con discapacidad?

La crisis dificulta la integración laboral de las personas con discapacidad

31/08/2012 El mercado laboral atraviesa un momento difícil; en abril de 2012 se registraban 5.639.500 parados y la coyuntura económica no augura una mejora de la situación. En este contexto, la inserción laboral de las personas con discapacidad podría quedar relegada a un segundo plano. Además, en mayo, el Gobierno redujo en un 30% las subvenciones para la inserción laboral de grupos con especiales dificultades. Compromiso RSE ha querido averiguar qué opina la población, si considera conveniente fomentar las políticas de discriminación positiva para favorecer la integración laboral de este colectivo en un momento en el que el conjunto de la sociedad atraviesa problemas de empleabilidad.

La Constitución Española establece que los poderes públicos realizarán una política de integración de discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos. Para cumplir este dictamen, en 1982 se dictó la LISMI, que no sólo establece el derecho a la integración laboral de las personas con discapacidad, sino que la establece como una “finalidad primordial” mediante la fórmula especial de trabajo protegido. Sin embargo, España es el país de la OCDE con menor tasa de inserción laboral de personas con discapacidad.

Borja Jordán de Urríes, del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca, explica en una publicación que el objetivo de la integración laboral de las personas con discapacidad es, en su opinión, lograr unas condiciones de empleo exactamente
iguales, en tareas, sueldos y horarios, a las de de cualquier otro trabajador sin discapacidad. Para Jordán de Urríes, “lo ideal sería que las personas con discapacidad pudieran encontrarse con unas tasas de desempleo similares a las del resto de la población”. Pero la realidad es otra; según el Instituto Nacional de Estadística, “lo más destacable de este colectivo es su baja participación, con una tasa de actividad del 36,2%, casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad”.

El presidente de la Asociación FEAPS para el empleo de personas con discapacidad intelectual, Alex Martínez, considera que es muy importante evitar los recortes en la partida destinada a la inserción laboral de las personas con discapacidad, y explica que la discapacidad es un factor de exclusión que se acentúa mucho más en situaciones económicas difíciles. Por ello, tanto Martínez como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad consideran fundamental la promoción de la inclusión laboral de este colectivo.

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