Reportaje

Se deberían elevar los estándares exigidos a la hora de contratar empresas como proveedores del Estado

Crear empleo y diseñar una estrategia de RSE, demandas al Gobierno

29/01/2012 Los españoles eligieron el pasado 20 de noviembre un nuevo Gobierno que tiene ya como reto principal y urgente la creación de empleo. Ésta es una reivindicación social que trasciende el ámbito de la RSE, pero, al mismo tiempo, incide en la esencia misma del espíritu empresarial. Además, en sentido estricto, la definición de una estrategia de RSE que aborde temas como el cambio climático, la incentivación de políticas de RSE a través de las compras públicas o la Inversión Socialmente Responsable son otras de las demandas.

La creación de empleo es la reivindicación más unánime y urgente que se le hace al Gobierno popular desde la sociedad en general, pero también desde las tribunas de los máximos expertos en materia de RSE, como lo demuestra este reportaje que aglutina las opiniones de representantes de instituciones y empresas punteras en materia de sostenibilidad.

“No perdamos el tiempo ni los recursos con otras cosas –demanda Joan Fontrodona, profesor de Ética Empresarial del IESE–. Ahora mismo, la principal responsabilidad del nuevo Gobierno es establecer medidas que favorezcan la creación de empleo. Estamos en una situación de urgencia y todos los esfuerzos deben orientarse a este objetivo. Ya vendrán épocas mejores, donde podamos abrir la mano a otros muchos aspectos de la RSE –dice–. Ahora mismo se trata de ayudar a crear empleo y de apoyar a aquellos que no lo tienen para que puedan vivir en unas condiciones dignas. En vez de gastar energías disimulando la situación, que se tomen las medidas necesarias, y que se expliquen bien, sin demagogias, pero sin disimulos. La valentía es una condición necesaria para quien tiene responsabilidades de gobierno”.

Apostar por las empresas creadoras de empleo
José Manuel Sedes, manager de Responsabilidad Corporativa de Vodafone, coincide en que “el nuevo Gobierno debería fomentar y apostar por las empresas socialmente responsables, que creen empleos de calidad y que trabajen en pro de la innovación, la competitividad, el respeto al medio ambiente, el desarrollo social y, en definitiva, contribuyan a la creación de una sociedad más sostenible”. Cristina García-Orcoyen, directora de la Fundación Entorno, se muestra convencida de la necesidad de luchar por la estabilidad laboral: “En la empresa española todavía queda mucho camino por recorrer –declara– y quizás en este momento lo más importante sea fomentar desde la Administración todo lo que tenga que ver con la estabilidad laboral y, por supuesto, también, el fomento de la innovación ligada a los aspectos de sostenibilidad. No debemos dejar de lado la financiación de estos aspectos: uso eficiente de recursos, disminución de impacto ambiental, formación de empleados y conciliación, como principales factores”.

En la misma línea se posiciona Ramón Guardia, presidente de Valores & Marketing, quien opina que el Gobierno “debe adoptar medidas que vayan en la línea de la generación de empleo afrontando las reformas necesarias e incentivando a las empresas que efectivamente lo generen. Por ejemplo, primándolas en la convocatoria de concursos públicos”.

Al poder incentivador de las políticas de compras públicas se refiere también Justo Villafañe, socio de Villafañe & Asociados, cuando recomienda “elevar los estándares exigidos a la hora de contratar empresas como proveedoras del Estado, incluyendo criterios sociales y medioambientales”.

De nuevo Fontrodona cree que el Gobierno debería predicar con el ejemplo y establecer políticas de responsabilidad social en la gestión de las Administraciones públicas. “En vez de regular lo que otros deben hacer, que empiecen por ellos mismos”, opina.

“La RSE debería ser considerada de forma más significativa en la decisión de los concursos públicos”, coincide Sedes, de Vodafone. “Hoy en día puede ser un criterio valorable, pero no determinante (algo que sí sucede, por ejemplo, con el precio). De esta forma, España podría ser un ejemplo en materia de RSE y contar con un elemento claramente diferenciador que nos permita una competitividad real mediante productos y servicios innovadores, de calidad, responsables y sostenibles”.

También ve en la necesidad de incentivar las políticas de RSE vía la contratación pública Karl van Dijck, director de Desarrollo de Personas y Asuntos Corporativos de Toyota, quien opina que “las empresas que realizan informes de sostenibilidad verificables deberían disponer de algún punto de partida favorable en las licitaciones públicas”. Y continúa: “Toda legislación que favorezca en cierta medida, sin alterar la libre competencia, a estas empresas que asumen su responsabilidad social favorecerá que todas las empresas se sumen. Creo que es importante que no se definan qué es lo que se debería de hacer en RSE, ya que cada sector y empresa debería poder actuar en línea con su estrategia empresarial, pero sí que se debería poder reconocer a estas empresas y los esfuerzos que realizan este sentido.”

Daniel Ortiz, director de RSC de Esteve, confía también en el poder de las compras públicas: “Sería muy importante comenzar a incorporar la RSE en los criterios de compra pública –dice–, ya que tanto por su volumen, como por su naturaleza, las compras públicas pueden ejercer de ‘motor’ del conjunto de la RSE”.

Antonio Ernesto Guerrero, director del Observatorio de RSE de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, cree que: “A diferencia de lo que pudiera ser válido en otros países de nuestro entorno, la crisis económica en España no tiene sus causas ni sus respuestas en la regulación del mercado de trabajo. Nuestra legislación laboral ha generado un marco legal de gran facilidad para la destrucción de empleo, como mecanismo de respuesta a los ciclos económicos; y esto sucede, en contra de lo que se afirma reiterada e interesadamente, como consecuencia de las sucesivas reformas laborales impuestas”. Y continúa: “El dialogo social y la negociación colectiva desempeñan un papel fundamental de promoción y compromiso de calidad social y laboral reforzando los valores de una sociedad donde la igualdad hombremujer, la equidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, una seguridad social mínima garantizada, el derecho de protección social en caso de perder el trabajo, y el derecho a la educación y a una formación permanente, se constituyen con vocación universal.Una vez más es imprescindible poner de relieve que el trabajo no es una mercancía, como se sostiene desde la fría lógica del beneficio”.

Continuar con el desarrollo del CERSE en España
En cuanto a la política de RSE estrictu sensu, del Gobierno del PP, Josep María Lozano, profesor de ESADE, se muestra drástico: “La primera medida debería ser clarificar si tiene pensada alguna política respecto a la RSE y, caso que exista, presentarla y explicarla”.

Sobre la necesidad de definir una estrategia se expresa también Juan Pedro Galiano, director de Reputación Corporativa y Marca de Adif y actual presidente de Forética: “Sería muy positivo que el Gobierno diseñara e implantara una ‘Estrategia Nacional de RSE’, para impulsar el avance de la RSE en el tejido empresarial español y en el sector público, con un enfoque de RSE como palanca de innovación y competitividad”.

Desarrollar las funciones y dotar de recursos al Consejo Estatal de RSE parece ser una reivindicación unánime. Así lo expresa, por ejemplo, Germán Granda, director general de Forética, quien cree que “la responsabilidad directa de la estrategia de RSE debería recaer como mínimo en una Secretaría de Estado vinculada a un ministerio con capacidad de coordinación de políticas transversales”.

En el mismo sentido, Marta Martín, directora de Responsabilidad Corporativa de NH Hoteles, cree que “la promoción de políticas públicas de RSC debería ser liderada desde una Secretaría General del Gobierno no asignado a un ministerio concreto al ser una materia con enfoque transversal”.

Ortiz, de Esteve, coincide en que debe nombrarse a un responsable político, “del máximo nivel posible”, con el mandato de impulsar la RSE, en todas sus dimensiones, tanto a nivel interno (Gobierno y Administaciones públicas) cómo externo (empresas, consumidores, Tercer Sector, etc....).

Angel Ibisate, jefe del departamento de Responsabilidad Corporativa y Calidad de REE, confía en la necesidad de “posicionarse con claridad en pos del desarrollo sostenible, obligar al reporte de RSE de todas las empresas publicas, proponer el informe de RSE de las 1.000 empresas más grandes, establecer algún tipo de reconocimiento a las empresas que tengan un comportamiento notable en RSE y –la que podría ser su aportación más original– incluir una asignatura básica en alumnos de primaria sobre valores, responsabilidad ecológica, etc.”

Fernando Móner, presidente de CECU, vota también por potenciar el desarrollo del Consejo Estatal de RSE y su trabajo, al igual que de sus comisiones.

Montserrat Tarrés, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Novartis, cree que “manteniendo el principio de voluntariedad, ya que la RSE por principio debe ser de implantación voluntaria en las empresas y organizaciones, se debería tratar de incentivar a las compañías que acometen y demuestran en sus resultados su compromiso con los principios que rigen la responsabilidad social. ¿Cómo incentivarla? Mediante el reconocimiento a todos los niveles por parte de las diferentes Administraciones estatales y autonómicas y mediante iniciativas legislativas que vayan en esa misma dirección; presentando además la estrategia nacional en materia de RSE que viene impulsada desde la propia Unión Europea en el contexto internacional de todos sus países miembros. Creo que hemos de ser proactivos en la trasposición regulatoria que venga de Europa en materia de transparencia social y medioambiental y profundizar aún más si cabe en las recomendaciones que han surgido de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso en el informe parlamentario sobre economía social en materia de publicación de memorias de RSE a partir de criterios GRI”

“Creo que todo ello –continúa Tarrés–, junto al impulso de iniciativas como ‘Enterprise 2020’ desde las empresas y organizaciones en las que se enmarcan y el refuerzo de iniciativas sectoriales en materia medioambiental y social, junto a la promoción de normas y guías de gestión en materia de responsabilidad social, son aportaciones más que necesarias en este complejo entorno de crisis financiera que nos ha tocado vivir, donde la RSE y sus principios pueden sufrir un desajuste en su implantación e integración en organizaciones y empresas necesitadas de priorizar objetivos, siempre con el ánimo de sobrevivir a una coyuntura especialmente complicada, dura y difícil”.

Como no podía ser de otra manera, Juan José Barrera, director general de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y la RSE del anterior Ministerio de Trabajo e Inmigración, cree que el Gobierno debe actuar para que se cumplan las disposiciones de la Ley de Economía Sostenible sobre RSE. “En concreto –dice– se debe poner a disposición de las empresas las características e indicadores para que éstas se autoevalúen en materia de RSE, hacer que se cumpla que las sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados informen anualmente al Consejo Estatal de RSE sobre materia de RSE y que dicho Consejo emita un informe sobre el grado de desarrollo de la RSE en España, posibilitar que las empresas que quieran voluntariamente ser reconocidas como socialmente responsables lo puedan hacer, y que los fondos de pensiones informen anualmente si en su política de inversión tienen en cuenta criterios socialmente responsables”.

“Es necesario que la sostenibilidad y la responsabilidad social estén en la agenda política y que se dé impulso a iniciativas que permitan a las compañías innovar y ser más sostenibles, invirtiendo de forma responsable y asumiendo sus responsabilidades sociales y medioambientales, siendo así, más eficientes y competitivas, en España y fuera de España", afirma Cristina Humet, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Ikea.

Pedro Martínez, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de CLH, indica que “sería conveniente que el nuevo Gobierno tratara de conservar el carácter voluntario que ha tenido desde sus inicios el concepto de responsabilidad corporativa, desarrollando al mismo tiempo un modelo de incentivos que potencie la implantación de políticas de responsabilidad social corporativa en las empresas, y también en los propios organismos dependientes de la Administración”.

“En esta línea –continúa– el nuevo Gobierno tiene ante sí una gran oportunidad para seguir impulsando el desarrollo de políticas de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad,
tratando de optimizar el impacto social y ambiental en las actividades de compra pública, haciendo más eficiente la política impositiva a través de mercados voluntarios de carbono, potenciando la acción social en discapacidad, o promoviendo proyectos que contribuyan a favorecer la accesibilidad”.

Emiliano Moreno, director de Fundación 3M, opina que “antes de nada, el Gobierno debería definir su postura en relación a la RSE; dicha postura, en el caso de ser de apoyo manifiesto, deberá explicitarse con decisiones claras que vayan desde iniciativas legislativas a la creación de un departamento (Dirección General, o similar) dentro de la Administración para coordinar el despegue, a todos los niveles (privado y público: tanto a nivel autonómico como local), de la RSE en España”.

Y continúa con sus reivindicaciones: “Se debería habilitar un ‘espacio/plataforma RSE’ (virtual y/o presencial), alimentado por y en el que participen, sobre todo, las fuentes de conocimiento (organizaciones de RSE, universidades, etc.), donde los empresarios españoles, sobre todo las Pymes, puedan encontrar toda la oferta de formación e información necesaria que les permita: a) entender qué es la RSE; b) cómo pueden reportar sus acciones y compromisos de RSE; c) acceder a una base de datos de ‘buenas prácticas’ en RSE; d) aprender cómo interiorizar la RSE en la estrategia de la organización; e) entender cómo pueden desarrollar modelos estratégicos que utilicen la ‘competitividad sostenible’ como elemento clave para la diferenciación y el posicionamiento”. Todo ello en el marco del CERSE.

Bajo el paraguas de la directiva europea
El pasado 25 de octubre la Comisión Europea publicó, tras varios años de poca actividad en este tema, una nueva Comunicación con alcance 2011-2014 para la promoción de la RSE que se ha convertido en una auténtica declaración de intenciones europea. La política en los países miembros, como el nuestro, deberá acogerse a este paraguas.

En ese sentido se expresa Tomás Conde, director de Sostenibilidad del BBVA, quien cree que las claves necesarias para el nuevo Gobierno se encuentran en la dicha comunicación. “En este nuevo informe –dice–, la Comisión Europea redefine la RSE como ‘la responsabilidad de las empresas sobre los efectos que ejercen en la sociedad’ y desarrolla un Programa de acción para el periodo 2011-2014 que incluye: mejorar la notoriedad de la RSE y difundir buenas prácticas; mejorar y medir el grado de confianza que inspiran las empresas; mejorar los procesos de autorregulación y de corregulación; conseguir que la RSE sea más interesante para las empresas; mejorar la transparencia de las empresas en el plano social y medioambiental; promover la importancia de la RSE en el contexto de la educación, la formación y la investigación; subrayar la importancia de políticas nacionales e infranacionales en materia de RSE; y acercar las concepciones europeas y mundiales de la RSE”.

José Luis Lizcano, director gerente de AECA, coincide en la necesidad de armonizar con la normativa europea: “Como sugiere la última Comunicación de la Comisión Europea conviene establecer una serie de medidas que animen a las empresas a desarrollar la responsabildiad social de manera voluntaria, regulando algunos aspectos básicos y concretos si fuera necesario. El Gobierno podría dar los primeros pasos en materia de transparencia sobre RSE impulsando la labor de entidades profesionales independientes en materia de reporting corporativo, apoyando concretamente la investigación aplicada acerca de las nuevas tendencias sobre Información Integrada (financiera y no financiera), que intentan dar respuestas a los serios problemas detectados en el ámbito de la información empresarial.

Para José Antonio López, presidente de AIESEC, deben adoptarse medidas “que favorezcan aquellas empresas que adopten tanto los Principios del Acuerdo de Naciones Unidas sobre RSC (incluye trabajo, derechos humanos y medio ambiente) y acciones que apoyen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como cualquier otra acción social empresarial. El Gobierno debe colaborar activamente con el sector privado y el tercer sector en la creación de políticas de apoyo a la actividad social empresarial, además de desarrollar los sistemas de medición de efectividad de la misma”.

La necesidad de incentivar a los consumidores
Para José Manuel Sedes, de Vodafone, es importante “el establecimiento de políticas de sensibilización en materia de RSE hacia el consumidor final, de forma que los consumidores dispongan de información y criterio para premiar con su decisión de compra a las empresas más responsables”.

“Para tener una sociedad y empresas responsables –continúa– es necesario contar con consumidores responsables. Apostamos por incluir la responsabilidad social en los programas educativos, de forma que el sistema educativo se base en valores de sostenibilidad, es decir, en aspectos tales como el consumo responsable, igualdad y diversidad social, el respeto al medio ambiente, etc”, indica.

Como no podía ser de otra manera, Fernando Móner, presidente de CECU, coincide en que que se debe “potenciar el conocimiento en materia de RSE entre los consumidores, para que esta materia se convierta en un elemento verdaderamente diferenciador entre los consumidores a la hora de convertirse en un factor de decisión en las acciones de compra de productos y servicios”. Cristina García-Orcoyen, directora de la Fundación Entorno, también cree que no debe olvidarse la sensibilización de los consumidores para que tengan en cuenta en sus decisiones de compra conceptos ligados a la RSC

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