29 entrevista de diferentes actores del sector público y privado que trabajan por el fomento de la RSE. En todo caso, nuestro propósito es renovar la Estrategia para poder hacer una planificación a medio plazo de las tareas pendientes que nos han quedado por completar y concebir la nueva como una herramienta tractora y promotora en RSE. ¿Se han alcanzado las 60 medidas previstas en los seis principios, cuatro objetivos y diez líneas de actuación? Como comentaba con anterioridad, el balance de la estrategia ha sido positivo, si bien la ejecución no se ha podido llevar a cabo en toda su plenitud. Tenemos que remitirnos al ámbito temporal en el que se aprobó la Estrategia. La crisis económica española, iniciada en 2008, provocó que durante muchos años no se recuperasen los niveles de crecimiento económico previos. Este contexto, como todos sabemos, tuvo su reflejo en la disponibilidad de recursos de la Administración General del Estado, lo que desembocó en que muchos proyectos no pudieran llevarse a cabo. Pese al contexto poco favorable puede afirmarse que hay una gran cantidad de medidas que se han cumplido satisfactoriamente y que han tenido un impacto positivo para el reconocimiento de la RSE. Me estoy refiriendo a las medidas que estaban dedicadas a la difusión y consideración de actividades de Acción Social de las empresas y organizaciones para su reconocimiento por la sociedad y la generación de confianza en su desempeño. La RSE ha tomado peso dentro de las actividades del sector público y en el ámbito empresarial, pero tenemos que seguir avanzando. Es necesario ser más ambiciosos en todo lo relacionado con la RSE y, desde la Dirección General, trabajaremos en la consecución de los objetivos que se planteen en la nueva Estrategia, participaremos en la implementación de políticas públicas del sector, trabajaremos para que se reactive el nuevo CERSE y mantendremos contacto con todos los actores implicados para crear vínculos bidireccionales que creen sinergias y aporten valor. Esta estrategia se aprobó gracias a la creación del CERSE, ¿en qué lugar ha quedado este organismo multistakeholder? ¿Está operativo? ¿Cuál es su función? Se trata de un foro de diálogo, consenso y participación de todos los agentes implicados en la Responsabilidad Social de las Empresas. Ciertamente, la realidad económica y social y el contexto regulatorio se ha transformado notablemente desde la última vez que se reunió el CERSE. Sería necesario realizar un debate previo antes de la reactivación del Consejo, que sea inclusivo y amplio, sobre aspectos clave como cuáles van a ser sus competencias y actividades, qué recursos se le van a asignar o incluso su propia denominación. Están trabajando en la elaboración de una nueva Estrategia Española Responsabilidad Social de las Empresas. ¿Cuáles serán los principales ejes de actuación? Efectivamente, la Dirección General está trabajando con ahínco en la aprobación de la nueva Estrategia. Estamos ultimando el texto y les puedo adelantar que el documento fija sus actuaciones en tres objetivos claves. El primer objetivo es el de impulsar la competitividad de las empresas a partir de la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su gestión. El segundo es el de dotar a las administraciones públicas de un rol activo en la dinamización de la RSE y de la colaboración público-privada. El tercer objetivo es el de compartir valores de la RSE con empresas, sociedad civil y ciudadana, para que aporten valor y sean agentes activos en la transformación sostenible. En la época en la que se debatía la estrategia, la Responsabilidad Social formaba parte de la voluntariedad de las empresas.Ante la avalancha legislativa en materia de sostenibilidad, ¿dónde queda la voluntariedad? La evolución de la RSE ha tenido un crecimiento acelerado que ha terminado por transformar los límites del propio concepto. Lo que en un primer estadio se percibía como autorregulación, ha evolucionado a un escenario en el que se suceden las novedades legislativas, por tanto, en el que se establecen obligaciones exigibles a las empresas. Por ejemplo, la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad en España introdujo la obligación para las empresas de más de 250 trabajadores, a partir de 2021, de informar sobre la evolución, los resultados y la situación del grupo, así como el impacto de su actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, de los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción y el soborno. Que haya empezado a florecer un entorno normativo, coercitivo por definición, no tiene por qué ir obligatoriamente en contra de que las empresas quieran seguir voluntariamente avanzando en materia de RSE. Esta voluntad de cambio es, de hecho, la que da impulso y hace avanzar al tejido empresarial. Esta pulsión que nace de las propias empresas es la que termina por forzar al legislador a dotarnos de reglas comunes por entender que existe una demanda social que no está siendo satisfecha. Este papel del tejido empresarial es y debe seguir siendo un elemento de progreso colectivo al que no queremos renunciar. ¿Cuáles son sus retos al frente de la Dirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas? A modo general, continuar liderando y marcando el rumbo a nivel europeo de la normativa en Economía Social y lograr que se canalice adecuadamente el flujo de fondos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a fin de que las entidades del sector logren implementar las medidas adecuadas que les permitan transitar hacia un modelo sostenible, digital, inclusivo y socialmente responsable. En materia de RSE, como ya he comentado, sin duda la actualización de la Estrategia de RSE y desarrollar todo su potencial n La Dirección General está trabajando con ahínco en la aprobación de la nueva Estrategia
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