En un movimiento que busca redefinir el equilibrio entre regulación y crecimiento económico, la Comisión Europea, bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, impulsó el Paquete Ómnibus en febrero de este año. Presentado como una "primera propuesta para una simplificación de gran alcance", esta iniciativa se enmarca en la estrategia "Brújula para la Competitividad", para impulsar la innovación y descarbonización en la UE. El objetivo es aligerar las obligaciones normativas, particularmente en sostenibilidad, para que las empresas "se beneficien de normas más ágiles" y mantengan su competitividad global, asegurando que la UE sigue "firmemente encaminada hacia los objetivos de descarbonización". La Comisión estima ahorros anuales de unos 6.300 millones de euros y la movilización de inversiones adicionales. Sin embargo, la aprobación del Ómnibus ha suscitado análisis y preocupaciones entre los profesionales de la sostenibilidad. La mesa redonda reflejó una amalgama de alivio por la simplificación e inquietud por los siguientes pasos. Si bien hay consenso en valorar positivamente la intención de simplificar un marco normativo denso, las dudas persisten. Simplificación bienvenida, pero cargada de matices y dudas La sensación de navegar hasta ahora un "tsunami normativo" era compartida. Conchita Navarro, directora de Sostenibilidad y RSC de Mutua Madrileña, reconoció que, quizás, "el Gobierno europeo había imprimido una velocidad demasiado rápida" y, desde esta perspectiva, la simplificación es un respiro, especialmente "para empresas más pequeñas que carecen del músculo de las grandes corporaciones", dijo. Alberto García-Blanco, head of Sustainability para España de Saint-Gobain, se sumó a esta idea: "Todo lo que sea simplificar, bienvenido sea", sentenció. En este sentido, aludió al tema de la capacidad de la Administración para implementar la normativa con total garantía, señalando dificultades como los problemas surgidos en la gestión con la plataforma para el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) –"la web daba error y no permitía avanzar"– o la lentitud en la tramitación de expedientes –"se arranca con un procedimiento en la Administración Pública en octubre y en el mes de abril todavía no tienes ni número de expediente"–. Estos cuellos de botella, argumentó, pueden hacer que una normativa "frene más que catalice" el progreso. No obstante, la simplificación no es homogénea ni exenta de críticas. Carlos Ruiz Alonso, Sustainability director de Acerinox, matizó que esta se centra en reducir la carga administrativa, y pospone las obligaciones para pymes. Si bien esto puede reducir la burocracia global, Alonso expresó su preocupación sobre la CSRD: "Las grandes empresas vamos a estar reportando con los mismos estándares hasta 2027, lo cual, desde mi punto de Desayuno con: 61 La aprobación del Paquete Ómnibus por la Unión Europea, el pasado 26 de febrero, ha generado un cierto debate e incertidumbre en el ecosistema de la sostenibilidad empresarial europea. Concebido para reducir la carga administrativa y potenciar la competitividad, esta revisión de normativas clave —la Directiva sobre Información Corporativa en Sostenibilidad (CSRD), la Directiva sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Empresarial (CSDDD) y el Reglamento de Taxonomía— plantea algunos interrogantes. ¿Supone una flexibilización necesaria ante el "tsunami normativo" o una cierta pérdida de impulso en la ambición climática, social y de gobernanza de Europa? En un desayuno de trabajo celebrado en la Suite Presidencial del Hotel Four Seasons de Madrid y organizado por Compromiso RSE y DIRSE, la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, un panel de expertos desgranó los retos que este nuevo marco regulatorio presenta, enfocándose en la eficacia real de la legislación, el impacto dispar entre grandes corporaciones y pymes, y la relación entre gestión sostenible y competitividad. Ley Ómnibus de la UE: la simplificación bajo escrutinio y los retos de la sostenibilidad empresarial
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