La integración laboral de las personas con discapacidad, una labor colectiva

Francesc Saldaña,

responsable de DisCert España

España cuenta con una de las poblaciones de personas con discapacidad más relevante de Europa, con casi 3,5 millones de personas. Sin embargo, la realidad demográfica dista mucho de converger con la realidad laboral: según el INE, el porcentaje de desempleo entre las personas con discapacidad es del 40,7%, duplicando la tasa general de paro española; porcentaje que se eleva al 48% en el caso de las personas con discapacidad entre 16 y 24 años, evidenciando que los más jóvenes lo tienen, si cabe, más complicado.

Sin entrar en demasiado análisis, al ver estos datos se podría pensar que el problema de la contratación de personas con discapacidad se debe, precisamente, a la discapacidad en sí misma. Un razonamiento muy común porque generalmente se tiende a pensar más en lo que las personas no pueden hacer, que en sus verdaderos valores y habilidades, algo que es totalmente independiente de su condición o situación. Nuevamente, la objetividad de los datos del Instituto Nacional de Estadística se empeña tozudamente en llevar la contraria a esta forma de plantear el binomio empleo-discapacidad, y es que sólo un 2,4% de las personas con discapacidad entre 16 y 64 años en España se encuentran incapacitadas para trabajar.

No todo es negativo cuando seguimos echando un vistazo a las cifras sobre discapacidad y empleo: según el INE la contratación de personas con discapacidad creció un 19% en el primer trimestre de 2010; dato que viene acompañado de otro no tan alentador, y es que la tasa de contratos indefinidos entre este colectivo ha caído en 10 puntos. Además, entre las personas con discapacidad que han trabajado alguna vez pero no lo están haciendo actualmente, casi un 18% trabajaba por acuerdo verbal o sin contrato, porcentaje que se dispara a más del 27% en el caso de las mujeres.

Los datos referenciados nos hablan de una realidad que exige dos reflexiones fundamentales: la primera, que la integración laboral de las personas con discapacidad es absolutamente necesaria para lograr una verdadera integración social; y la segunda, que queda aún mucho camino por recorrer para lograr este objetivo y que es un deber que hemos de asumir todos los agentes económicos y sociales, públicos y privados, en España. Empezando por aspectos tan básicos como el cumplimiento de la normativa vigente en nuestro país en esta área, la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad (más conocida como LISMI). A pesar de que la LISMI está en vigor desde hace 28 años, el 87% de las empresas que operan en España (según datos de Discapnet en 2008) no cumple el porcentaje del 2% de la plantilla que esta ley obliga a reservar para personas con discapacidad a toda organización con 50 o más personas en plantilla; porcentaje que se puede cubrir con una serie de medidas alternativas.

No cumplir la LISMI tiene implicaciones más allá de las sanciones a las que una organización se puede enfrentar por ello. El no cumplimiento puede situar a una organización en una posición de desventaja en procesos de contratación, ofertas u opción a ayudas por parte de entidades a las que les importa, y mucho, que sus proveedores tengan y puedan demostrar su sensibilidad en materia de responsabilidad social corporativa (RSC). Así pues, el compromiso con la integración laboral de personas con discapacidad que se demuestra estando acorde con la LISMI tiene no sólo un impacto tremendamente positivo para la imagen corporativa ante clientes y consumidores, enriqueciendo sus políticas de responsabilidad social corporativa, sino que además puede conllevar importantes y tangibles beneficios de negocio.

El problema al que se enfrentan proveedores y las empresas que contratan sus productos y servicios es que no existe en la actualidad un procedimiento sencillo para demostrar el compromiso de las empresas con las personas discapacitadas (cumplimiento de la LISMI o incluso ir más allá): no hay un sistema de medición real de este compromiso social. Es laborioso y la mayor parte de las entidades no tiene los recursos ni el tiempo para comprobar fehacientemente que las organizaciones con las que se relacionan están dentro de la ley o la superan.

Buenas noticias dentro de esta compleja situación. Por un lado, que cada vez vemos proliferar más prácticas en el ámbito del empleo y la discapacidad, impulsadas por empresas, fundaciones,
entidades sin ánimo de lucro, centros especiales de empleo, servicios de integración laboral y administraciones públicas, que harán que dentro de poco estemos viendo cifras más halagüeñas en los estudios del INE, algo que ya se está empezando a observar en algunas comunidades autónomas. Por otro lado, existe un creciente interés por el desarrollo de mecanismos y esquemas que ayuden a las organizaciones a demostrar que cumplen o mejoran la LISMI de forma mucho más sencilla, en beneficio de toda su cadena de valor. En un proyecto de estas características, pionero en Europa, estamos embarcados con DisCert (www.discert.org), un certificado que reconoce, puntúa y ayuda a mejorar a las empresas, buscando la excelencia de acuerdo a su nivel de compromiso con las personas con discapacidad a través de un sistema de verificación externo. La calidad del certificado está garantizada por TÜV Rheinland (www.tuv.com), líder en servicios técnicos a nivel mundial, que actúa como entidad independiente para la verificación de la calidad y transparencia del proceso de certificación.

Con DisCert, las organizaciones públicas y privadas pueden certificar que cumplen con la LISMI o quieren hacerlo pronto (compromised). Pero además, pueden demostrar que su política de apoyo a las personas con discapacidad va más allá del cumplimiento de la ley, con la incorporación de medidas adicionales que ponen de manifiesto el compromiso real de cada entidad. DisCert es una manera fácil, práctica y asequible de evidenciar el compromiso de cada organización y hacerlo visible de cara a la sociedad. Es, en definitiva, un facilitador que pretende contribuir a que las entidades que operan en nuestro país puedan medir, demostrar y mejorar su grado de contribución a la integración de las personas con discapacidad, una responsabilidad que como sociedad nos atañe a todos.