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Hacer del éxito prosperidad
Miguel Alba,
responsable de Fiscalidad y Sector Privado de Oxfam
A punto de entrar en una nueva década, puede parecer casi anacrónico evocar los daños y cicatrices de la crisis económica del 2008. Pero resulta necesario, ya que aún quedan heridas abiertas que corren el riesgo de cronificarse. Una de ellas, si no la principal, es la brecha entre los que más tienen y los que menos.
España ha salido de la crisis con una mayor des- igualdad de renta. Somos el sexto país de la Unión Europea más desigual y el segundo en el que más ha aumentado la distancia entre ricos y personas empobrecidas. Muestra de ello es que en 2017, el 10% de los hogares más ricos contaban con 12,8 veces más ingresos que el 10% de los más pobres, cuando esa distancia en 2008 era de 9,8 veces.
Estos datos deberían cuestionar la acep- ción clásica que entiende que una crisis eco- nómica queda superada cuando el PIB y los beneficios empresariales vuelven a la senda de crecimiento y los beneficios empresariales re- cuperan vigor, como así lo podemos constatar desde 2014. Pero la economía trata de perso- nas y si esa supuesta bonanza no llega a todo el mundo, algo falla estrepitosamente.
Lamentablemente, eso es lo que constata- mos, ya que, desde el inicio de la recuperación, el crecimiento económico ha beneficiado despro- porcionadamente a las rentas altas. Durante el último año, el 1% más rico de España acaparó 12 de cada 100 euros creados, mientras que el 50% más pobre se repartió 9 de cada 100.
Son datos preocupantes porque estas dinámicas condenan a muchas personas a la pobreza y vulnerabilidad. En concreto, el pasa- do año el número de hogares en los que no entraba ningún tipo de ingreso alcanzaba en nuestro país los 617.000. Pero también porque amenaza seriamente la movilidad social, es de- cir, la posibilidad de las personas de prosperar y mejorar en nivel de vida, de forma que no esté tan condicionado por el hogar en el que nacen.
La acción política es esencial para tratar de corregir, y también evitar, la desigualdad.
Para ello, lo más adecuado resulta ahondar en la progresividad del sistema fiscal, un combate eficaz de la elusión y evasión fiscal, junto a un refuerzo de los mecanismos de protección so- cial y un sistema de garantía de ingresos que alcance a los hogares más vulnerables.
Todo ello son medidas redistributivas que permiten corregir la desigualdad. Pero son también necesarias actuaciones para que los resultados de la actividad económica se repartan de forma más equilibrada desde que son generados.Y eso pasa por mejorar la calidad en el empleo y por recuperar el peso de los salarios en la economía.
Resulta evidente que esto atañe di- rectamente a las empresas y tiene que ver con el modelo de distribución de valor que ponen en práctica. El paradigma tradicional establece el predominio del interés del ac- cionista. Cuando eso conlleva una estrati- ficación interna en aspectos salariales y de condiciones laborales y una apuesta por prácticas de planificación fiscal agresiva para reducir la factura fiscal, todo en pos de un mayor dividendo, la acción empresarial con- tribuye nítidamente a ahondar la brecha en- tre los que más y menos tienen.
La alternativa es que las empresas atiendan los intereses de sus diversos grupos de interés de forma más equilibrada. Ello implica garantizar empleos estables y de calidad, establecer dife- rencias salariales razonables, abordar marcos de responsabilidad fiscal y, en fin, impulsar modelos de negocios que velen por la sostenibilidad eco- nómica, social y ambiental de la empresa y el entorno en el que se desenvuelven.
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