OPINIÓN

Mujer con discapacidad: doble discriminación, doble esfuerzo

Cristian Rovira,

presidente de Fundación Grupo SIFU

Cristian Rovira

La realidad del binomio mujer y discapacidad hace necesaria una reflexión sobre sus cifras en nuestra sociedad. La comisaria europea para la Igualdad, la maltesa Helena Dalli, ponía de manifiesto en una reciente entrevista concedida a la revista Somos Capaces, de Grupo SIFU, una realidad incontestable. Esta histórica política socialista ponía en el foco que, en la reciente directiva de la UE para combatir la violencia contra las mujeres y la doméstica, las autoridades comunitarias habían prestado especial atención a las mujeres con discapacidad. Entre otros aspectos, esa especial protección a este colectivo viene dada porque “tienen de dos a cinco veces más probabilidades de sufrir violencia que otras mujeres”. Y no se trata de un problema lejano en los confines del continente.

En España, algunos estudios muestran que las mujeres con discapacidad tienen un 8% más de probabilidades de sufrir violencia machista -física, sexual o psicológica- que el resto. Específicamente, hace unos años, un 23,30 % de las mujeres con discapacidad denunciaron haber sufrido violencia machista, frente al 15,10% de las mujeres sin discapacidad, según el Observatori de Discapacitat Física (ODF) de COCEMFE.

Existen pocas lacras peores que la de la violencia doméstica o de género, pero, por desgracia, no es la única que afecta a la mujer con discapacidad en el mundo. Según ONU Mujeres, en comparación con los hombres sin discapacidad, las mujeres con discapacidad tienen una probabilidad tres veces mayor de ser analfabetas, en comparación con los hombres sin discapacidad; las mujeres con discapacidad tienen una probabilidad dos veces menor de tener un empleo, en comparación con los hombres sin discapacidad; las mujeres con discapacidad tienen una probabilidad tres veces mayor de que sus necesidades de atención sanitaria no sean satisfechas, en comparación con los hombres sin discapacidad… todo es peor. Por desgracia, pese a los ingentes esfuerzos tanto de las Administraciones como de la propia sociedad civil, las cifras no se reducen.

Pero no todo son números. El problema es que detrás de las cifras y las estadísticas se encuentra la dureza del día a día. Como afirmó en un detallado estudio Pilar Ramiro, una reconocida activista en favor del colectivo y de la mujer, al contrario de lo que sucede con otros tipos de grupos vulnerables o que sufren discriminación, las mujeres con discapacidad carecen de forma generalizada de recursos o dispositivos legales eficaces para eliminar y corregir las conductas discriminatorias existentes en la sociedad. “Nosotras nos enfrentamos continuamente a dichas circunstancias, que se evidencian en cotas mayores de desempleo, salarios inferiores, menor acceso a los servicios de salud, mayores carencias educativas, escaso o nulo acceso a los programas y servicios dirigidos a mujeres en general, mayor riesgo de padecer situaciones de violencia, abusos, etc., realidad que se agrava por la existencia de normas y políticas que fomentan la dependencia y por la dificultad de introducir modificaciones en los hábitos preexistentes”.

Esta experta aboga por la consecución de los que, para mí, son los tres grandes objetivos a los que debe aspirar la sociedad en su conjunto para ser realmente justa e inclusiva. En primer lugar, como para el resto del colectivo de personas con discapacidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades, pero también dentro del propio mundo de la discapacidad, puesto que supone una discriminación (de género) dentro de otra (por capacidades). En segundo, en lo que se refiere al ámbito de la salud, es necesario superar las numerosas barreras existentes en el sistema para algo tan fundamental en el mundo de la mujer como acceder a la planificación familiar y a la asistencia a la reproducción. Finalmente, en relación con el problema de la violencia de género, la experta exigía algo muy importante, pero que a mi entender muchas veces no se tiene en cuenta: las políticas integrales deben contemplar las peculiaridades de este colectivo.

Una doble discriminación supone un doble esfuerzo, y no habrá igualdad real si no la hay en las dos vertientes, la de género y la de capacidad. La ansiada igualdad de oportunidades pasa por reconocer y entender las peculiaridades de cada grupo y subgrupo de población. Solo así se podrán idear iniciativas que traigan soluciones reales a un problema no muy visible pero acuciante.

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