Contribución social colectiva ante el Covid-19

Antoni Gómez,

Presidente de Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)

Ciertamente hemos aprendido muchas lecciones de la actual crisis provocada por la pandemia del Covid-19. La primera, nuestra vulnerabilidad. Un virus que empezó con un paciente cero en un lugar remoto de China ha trastocado nuestra vida cotidiana hasta limites inimaginables. Nuestros avances científicos y médicos -de los que estábamos tan orgullosos- sólo han podido mitigar lo que desde luego podría haber sido mucho peor.

Una segunda lección es nuestra interdependencia. La expansión global de la infección ha sido imparable, a pesar de las medidas de contención que los países y las regiones han ido adoptando. Tanto los más abiertos al exterior, como también los más herméticos, se han visto finalmente afectados por la pandemia. El apoyo de quienes en distintos momentos estaban en disposición de ayudar a otros, bien por no haberles llegado el pico de la crisis o por haberlo superado, ha sido importantísimo. Y la investigación abierta impulsada en todo el mundo, una vía a la esperanza respecto del control de posibles nuevas oleadas de afectación.

Un tercer aspecto que quisiera destacar es la contribución de cada uno de nosotros al bien común y al bienestar colectivo. Sin ninguna duda los profesionales de la salud merecen todo nuestro reconocimiento y aplauso. Han estado en primera línea arriesgando su vida y la de sus familias, en situaciones de tensión, estrés y -con frecuencia- de falta de medios. Muchos otros profesionales han estado inmediatamente detrás de ellos, desde conductores de ambulancias, cocineros de hospitales, servicios de mantenimiento, informáticos, entre muchos otros colectivos.

Sigamos extendiendo el circulo de reconocimientos, sin que esa reflexión signifique la trivialización de los primeros. Sin transporte y logística, sin fabricación de oxigeno, o de detergentes, o de material sanitario, sin producción de electricidad, saneamiento, recogida de desechos, producción y distribución de alimentos, entre otros, no hubiera sido posible atender de forma adecuada a los enfermos y sobrellevar la situación tan grave que estamos viviendo.

Maestros, docentes, investigadores, profesionales de la cultura y de la información, y un largo etcétera de trabajadores intelectuales, se han puesto en valor al constatar la sociedad la importancia de que estas actividades no se paralizaran y que la formación o la creación cultural siguieran estimulando nuestros espíritus en momentos de preocupación.

Muchos otros profesionales -funcionarios, abogados, auditores, arquitectos,…- han contribuido a la ordenación y el funcionamiento de nuestra sociedad altamente sofisticada, con riesgo de parálisis de muchas actividades esenciales.

Podemos seguir con actividades cada vez más alejadas del cuidado de nuestra salud, pero que contribuyen a la generación de bienes y servicios y a la creación de ocupación que permite el bienestar de personas y familias. Su desaparición o la disminución significativa de sus actividades origina un gran sufrimiento social conduciendo a personas y familias, muchas de ellas vulnerables, a graves dificultades. El Estado debe abordar esas situaciones de emergencia social, de igual forma que debe dar respuesta a las situaciones de emergencia sanitaria.

El tejido empresarial en nuestra sociedad es muy sofisticado pero frágil. Se ha puesto de relieve en la presente crisis, que después de la recuperación de la salud, hay mucho que hacer para superar las dificultades que afectan a muchos colectivos. Nuestro bienestar depende de un equilibrio inestable en que la contribución de todos es esencial para mantener un cierto nivel colectivo.

Es lógico que las autoridades publicas dediquen sus esfuerzos a proteger nuestro frágil tejido empresarial, tan importante para el funcionamiento de la sociedad y para el bienestar de los ciudadanos, y en ese sentido debemos aplaudir los esfuerzos legislativos para paliar los efectos económicos derivados por la pandemia.

Pero por la misma razón de interés colectivo de sus actividades, hay que exigir que la gestión de las empresas se realice respetando las normas éticas y reglas de juego establecidas por la sociedad, al objeto de contribuir de manera sostenible y adecuada al desarrollo de la sociedad y al bienestar de las personas.