OPINIÓN

2018: Más trabajo para los dirses

Miwi Clavera Maestre,

directora general de DIRSE

Miwi Clavera Maestre

Parecía que 2018 iba a ser un año más para la RSC en España, un año en el que seguir peleando allí donde fuera necesario por el avance de los ODS y contra el cambio de climático, sin CERSE ni grandes cambios legales, con empresas trabajando para conseguir más certificaciones, y con más y mejores informes de sostenibilidad. Hasta ahí nada nuevo. Y, sin embargo, han sucedido cambios no esperados que han dado un nuevo brío al sector.

Por una parte, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, surgido en junio tras moción de censura, nos sorprendía con la creación de un Alto Comisionado para el seguimiento de la Agenda 2030, dependiente de Presidencia, y con el encargo de coordinar las actuaciones orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Para esta labor fue nombrada como alta comisionada, Cristina Gallach,y como director general, Federico Buyolo.

Por otra, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y su Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE, liderada por Mª Antonia Pérez, recuperaban la Subdirección de Economía Social y RSE, de la que es responsable Juan Manuel Sánchez-Terán, con el objetivo en el corto plazo de convocar el Consejo Estatal de RSE (CERSE), evaluar el grado de implementación de la Estrategia Española de Responsabilidad de las Empresas, de 2014, y agilizar la convocatoria anual de subvenciones.

Además, y a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica, el Consejo de Ministros aprobó a finales de año, el Plan de Contratación Pública Ecológica (CPE) de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, para el periodo 2018-2025, con los objetivos principales de promover la adquisición por parte de la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible; servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular, baja en carbono, y apoyar con medidas concretas para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Por último, finalizamos 2018 a vueltas con los informes de sostenibilidad. Tras pasar por el Congreso de los Diputados y el Senado, se ha aprobado la Ley de Información No Financiera y Diversidad, que sustituye el Decreto Ley de 2017 y modifica la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas. La nueva ley, más exigente, incluye los siguientes cambios: ampliación del ámbito de aplicación a todas las compañías de más de 250 empleados, sin excepción; obligatoriedad de verificación externa; información explícita en materia de contribución fiscal por países, y de salarios y contratos; así como mayores garantías en la divulgación.

Aunque todavía es pronto para valorar el impacto que pueden llegar a tener todos estos cambios, ya podemos avanzar que estamos asistiendo a un incremento de la circulación de ofertas de empleo para profesionales de la RSE, así como de solicitudes de estudiantes en prácticas para completar los equipos de las empresas. No en vano, DIRSE también ha tenido este año el mayor incremento de socios desde su creación en 2013, superando los 300 socios. Así es que podríamos decir que 2018 ha traído más trabajo para los dirses, y bienvenido sea

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