ENTREVISTA

La RSE ha perdido peso entre las prioridades


Antonio Ferrer,

secretario de Acción Sindical de UGT

Antonio Ferrer 30/01/2012

“La RSE en su origen es un nuevo paradigma de gestión empresarial”. Así de contundente se muestra el secretario de Acción Sindical de UGT, Antonio Ferrer, que se lamenta de que, a consecuencia de la crisis, la mayor parte de las empresas españolas se ciñan sólo a los aspectos legales a la hora de poner en marcha sus políticas de RSC. En los tiempos en los que vivimos, Ferrer denuncia la pérdida de peso de los temas relacionados con la responsabilidad social en la gestión de las empresas.

¿Qué avances se han producido en los últimos años en materia de RSE en las empresas españolas?

Del estudio “Culturas, Políticas y Prácticas de Responsabilidad Social en las Empresas del Ibex-35” que elaboramos en la UGT se desprende que en el conjunto de las empresas cotizadas se han incorporado los valores de la RSE, pero no como un elemento de gestión, sino que más bien se está generalizando como una forma de generar un informe para los organismos reguladores. Lo que también llama la atención es la disparidad de criterios que se utilizan. Aunque mayoritariamente hay una cierta conexión con los indicadores del GRI y del Pacto Mundial, no hay una homogeneidad a la hora de elaborar los informes en la medida que se utilizan indicadores estándares completamente distintos. En cuanto a los contenidos reales de la RSE entendida desde la triple perspectiva social, económica y medioambiental, hemos visto que la crisis ha generado un desplazamiento en la gestión de las empresas en los aspectos de responsabilidad social, entendiendo responsabilidad social en la medida que se incorpora a la gestión.

¿Un desplazamiento significa un retraso?

La RSE se ha desplazado en las prioridades de las empresas. En aquellos aspectos que son de cumplimiento obligatorio y que están regulados por ley, las empresas no tienen otra salida que cumplir, pero si entendemos que la responsabilidad social va más allá del marco regulatorio es ahí donde vemos un desplazamiento. Hay un retroceso real en cuanto a temas sociales como, por ejemplo, la conciliación o la desigualdad salarial. También constatamos una disminución de proyectos de cooperación al desarrollo y se han frenado temas de acción social como la integración de colectivos desfavorecidos o personas con discapacidad. En definitiva, se produce cierta paradoja puesto que aunque hay avances formales en el procedimiento hay un estancamiento en las medidas reales.

¿Se ha producido un retroceso en cuanto a la inserción de personas discapacitadas al mercado de trabajo?

En este punto hay dos aspectos diferentes a tener en cuenta. Hay un plano de inserción directa que creo que es bastante insuficiente, por lo menos los datos. Y luego hay una regresión en cuanto a las empresas que compraban bienes y servicios a centros especiales de empleo, a talleres, etc. De hecho, los centros especiales de empleo lo están pasando fatal porque vivían de dos fuentes: las ayudas de las Administraciones públicas que están sufriendo por las políticas de recortes en el sector de servicios sociales, y la venta de sus productos y servicios a empresas.

No obstante, en los últimos años las empresas tienen una mayor sensibilidad para tener en cuenta estos colectivos…

Desde el punto de vista de la gestión, los elementos de integración de la diversidad intercultural o de colectivos con dificultades se han asumido. Esto es un avance. Pero queramos o no, los datos afirman que hay un ajuste por la crisis y está afectando negativamente a estos colectivos. Si en España hay cinco millones de desempleados está claro que los grupos más débiles son los que salen más malparados.

En los últimos años las empresas están firmando planes de igualdad para cumplir con la ley. ¿Suponen esos planes un avance?

El despliegue de la ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a hacer un plan de igualdad, ha generalizado la aplicación en cuanto a que las empresas deben tener un plan de igualdad que contemple un diagnóstico y una serie de medidas. Ahora bien, en la práctica ha ocurrido como con la RSE puesto que se ha quedado en el plano de los aspectos legales y de procedimiento y no se han desarrollado acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

¿En qué aspectos se percibe esa falta de acciones concretas?

La brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene, el desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres sigue teniendo el mismo grado de dificultad o mayor, incluso me atrevería a decir que con la crisis se ha agudizado, y la propia situación de las mujeres por la crisis ha hecho que aumentara su precariedad. Es decir, el resultado es que tenemos un instrumento que es la ley, pero ésta no está cambiando la realidad.

Entonces, aunque el Gobierno apruebe una serie de normas para impulsar la responsabilidad social en las empresas, la realidad no cambia…

Es evidente que las normas y las leyes contribuyen a la transformación de la realidad, pero yo creo que el cambio requiere de otro tipo de actuaciones que pasan por un mayor compromiso, por una mayor corresponsabilidad entre los interlocutores en el ámbito de la empresa y un mayor grado de participación.

Si partimos de la base que la normativa no ayuda a transformar la realidad y el resto queda en manos de la voluntariedad de las empresas ¿qué tenemos que hacer para que las empresas avancen voluntariamente en este sentido?

Creo que el debate entre voluntariedad y obligatoriedad va a estar ahí. La RSE se está convir tiendo en un hecho formal y ahora existe la necesidad de establecer indicadores y criterios que sean preceptivos para las empresas de manera que puedan evaluar y saber exactamente qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, con nuestros estudios constatamos que en las grandes empresas, donde el grado de presencia sindical es generalizado, la RSE no establece elementos de información ni de consulta a los representantes de los trabajadores. Aunque hay progresos y ahora algunas empresas pasan sus informes antes de publicarlos, la característica general es que hay un déficit de participación de los trabajadores. Por eso nosotros estamos abriendo un debate y una reflexión puesto que es necesario establecer entre todas las partes interesadas una serie de criterios que permitan homogeneizar el reporte.

En cuanto al diálogo social ¿cree que los convenios colectivos deberían incorporar más asuntos relacionados con la responsabilidad social?

Creo que hay una interrelación entre responsabilidad social y negociación colectiva. En el informe que elaboramos en la UGT “Iniciativas de la RSE en el ámbito de las pymes” constatamos que las pequeñas y medianas empresas aplican prácticas de RSE, pero no están denominadas como tal. Si entendemos prácticas de RSE como acciones de igualdad, conciliación, integración de personas con dificultades o personas con discapacidad, en materia de medio ambiente, de seguridad y salud en el trabajo, etc. hay un núcleo importante en la negociación colectiva pero sin estar denominado como RSE.

Entonces ¿estas prácticas tendrían que vertebrarse como políticas de RSE u otra vez cometeríamos el error de avanzar en nominalismos, pero no en contenidos?

Yo creo que lo importante son los contenidos. No obstante del informe que hemos realizado se desprende que aunque la RSE es voluntaria, para determinadas empresas y sobre todo para las pymes se presenta como obligatoria porque está en la cadena de valor. Creemos que ahí sí que tendría que haber un enlace de la negociación colectiva con los poderes públicos con el objetivo de facilitar y ayudar a las pequeñas empresas a poder cubrir este tipo de obligaciones, de reportes, etc.

¿La RSC puede ser una vía hacia un nuevo modelo de sistema productivo o para la innovación de las empresas?

Creo que la RSE en su origen es un nuevo paradigma de gestión empresarial, de modelo de empresa. Una correcta orientación de una empresa bajo la RSE debe llevarla a reinver tir sus beneficios, innovar, buscar la excelencia a través del empleo de calidad y de la formación, que hace compatible el perseguir una maximización de los resultados con desarrollar políticas de igualdad y de integración en el seno de la empresa. Yo creo que la RSE correctamente entendida no sólo debe contribuir sino que debería ser el referente para ese cambio de modelo productivo. Por ejemplo, una empresa que destina mayor parte de sus beneficios al pago de dividendos que a la reinversión productiva o a crear empleo no será una empresa que esté actuando de forma socialmente responsable porque no es ético.

Otro modelo social, económico y político

“El sindicato intentará garantizar en un futuro políticas de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) en la mayor parte de las mismas porque, en el fondo, el debate de RSE abre la posibilidad de plantear alternativas distintas para una salida social de la crisis”. Son las palabras que formuló Toni Ferrer el pasado mes de octubre en la presentación de la jornada sobre RSE organizada por UGT.
“La RSE implica otro modelo social, económico y político, ya que el actual ha fracasado. Estamos ante una crisis sistémica que requiere nuevos modelos de producción y organización tanto social como económicos”, dijo.
En este sentido, afirmó que “se ha descubierto que arruinar la empresa es perfectamente compatible con sueldos y bonus desorbitados. Se pone en marcha la RSE en las empresas, pero la legalidad cada vez es más baja, con mayor desregulación”. Por ello, “seguir pensando en la voluntad de autorregulación de las empresas parece utópico. La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de regular el sistema financiero y debemos darle el impulso necesario a esta idea”.

Retroceso en temas sociales

• Hay un retroceso real en cuanto a temas sociales como, por ejemplo, la conciliación o la desigualdad salarial.
• La inserción directa de personas discapacitadas es bastante insuficiente. Además, hay una regresión en cuanto a las empresas que compraban bienes y servicios a centros especiales de empleo.
• La ley de Igualdad se ha quedado en el plano legal y no se han desarrollado acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
• El cambio requiere de actuaciones que pasan por un mayor compromiso, por una mayor corresponsabilidad entre los interlocutores y un mayor grado de participación.
• En las grandes empresas la RSE no establece elementos de información ni de consulta a los representantes de los trabajadores.

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