En la actualidad, la Dirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas tiene entre sus competencias una multitud de funciones que van desde la elaboración de proyectos normativos hasta la actividad de fomento de la Economía (ES) y de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), pasando por la tramitación de estrategias y el apoyo técnico y participación en foros europeos e internacionales.
Puede decirse que nos encargamos de diseñar y ejecutar políticas públicas, con todas las implicaciones a nivel administrativo, presupuestario y, también, de la acción política que de esa función se desprende. En pocas palabras, nuestra tarea es convertir en realidad todas esas políticas diseñadas al servicio de las personas y las empresas.
La RSE y la sostenibilidad empresarial están estrechamente relacionadas y desempeñan un papel fundamental en el mundo empresarial. La RSE hace referencia a acciones voluntarias que las empresas asumen para atender necesidades de la sociedad implicando una actitud responsable y coherente tanto internamente como en la relación con su entorno, mientras que la sostenibilidad empresarial se enfoca a cómo las empresas pueden operar de manera responsable y ética, considerando el impacto ambiental y social de sus acciones, pero bajo las premisas de productividad y beneficio económico.
Por decirlo de otra forma, mientras que la RSE es inherente a la empresa misma y se constituye como una guía de conducta integral sobre la que se diseña una actividad empresarial compatible con su entorno (a nivel social y medioambiental), la sostenibilidad centra sus esfuerzos en la gestión de recursos naturales y la mitigación del impacto ambiental y social de su actividad a través de la internalización de lo que se conocen como externalidades negativas.
Nuestra Dirección General y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dadas sus funciones asignadas, comparten intereses comunes, haciéndose necesaria la colaboración y el apoyo mutuo. En particular, y por poner un ejemplo, la Dirección General coadyuva al cumplimiento del Plan 130 Medidas ante el Reto Demográfico, de Bienestar Social y Economía de los Cuidados. En este sentido, también compartimos espacio dentro del Comité Consultivo de Sostenibilidad. Por tanto, y como se desprende de lo comentado, los dos ministerios están estrechamente relacionados, trabajamos conjuntamente en diferentes proyectos y actuaciones manteniendo contacto directo y bidireccional.
La creación de la nueva Secretaría de Estado de la Economía Social trae consigo diferentes proyectos que permitirán potenciar y visibilizar la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas.
Hablando de los hitos recientemente conseguidos, hay que hacer mención a la aprobación de la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027, que responde al interés del Gobierno de España de fomentar la Economía Social para incrementar su contribución al desarrollo socioeconómico del Estado.
El pasado 13 y 14 de noviembre de 2023, se celebró la Conferencia de Alto Nivel sobre Economía Social “Personas, planeta, acción” en San Sebastián, que fue la Capital de la Economía Social de 2023, para dar visibilidad a la realidad viva e innovadora de la Economía Social española, europea y mundial. Dicha conferencia finalizó con la firma, por parte de 19 países de la Unión Europea, y a instancias del Ministerio de Trabajo y Economía Social, del Manifiesto de San Sebastián sobre la Economía Social con la finalidad de buscar reforzar a nivel europeo políticas que hagan avanzar al sector.
Otro de los hitos conseguidos ha sido el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados, cuyos fondos se articulan y distribuyen fundamentalmente a través del Plan Integral de Impulso de la Economía Social, para financiar proyectos dirigidos a consolidar la innovación y digitalización de las entidades y a crear redes de entidades, así como a promocionar el mantenimiento del empleo de empresas viables sin relevo generacional. Este instrumento pone a disposición de las entidades de la economía social un presupuesto sin precedentes y está llamado a constituir un punto de inflexión para el sector.
Asimismo, el Ministerio ha asumido el compromiso de actualizar el marco normativo de la Economía Social mediante la aprobación del anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social. Este anteproyecto constituirá una reforma ambiciosa del ecosistema normativo del sector y permitirá modernizar el entorno de la economía social a través de la reforma de tres leyes vertebradoras. Las reformas se dan en la ley de cooperativas, de empresas se inserción y en la propia ley de Economía Social.
Este es un anteproyecto muy relevante ya que persigue continuar la estela de la innovación normativa en materia de Economía Social. Como sabéis, la Ley de Economía Social (de 2011) supuso un paso adelante para miles de entidades de economía social que hasta ese momento no veían reconocida su labor como entidades que priorizan objetivos sociales frente beneficio empresarial. Reconoció por primera vez esta realidad y lo hizo además siendo la primera ley nacional a nivel europeo. Esta es la dirección que queremos mantener desde la Dirección General, la de ser referentes y estar siempre a la vanguardia en materia de economía social y para ello es imprescindible acomodar el marco regulador a las nuevas realidades sociales y económicas del ecosistema.
En lo relativo a la Responsabilidad Social de las Empresas la pieza central que más trascendencia va a tener y sobre la que va a pivotar gran parte de nuestro proyecto en los años que tenemos por delante en la Dirección General es, sin duda, la aprobación de la Estrategia de RSE, que vendrá a sustituir a la primera estrategia que estuvo vigente entre 2014 y 2020.
Esta Estrategia está naciendo con el propósito de apoyar al tejido empresarial de nuestro país teniendo presentes los grandes retos a los que nos enfrentaremos en el futuro más inmediato.
La idea principal debe ser la de acompañar a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas empresas, en la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible que facilite la transformación de los modelos productivos para hacerlos compatibles con su entorno. Debemos acompañar a las empresas a transitar el doble camino de la digitalización y la sostenibilidad ambiental teniendo presentes, a su vez, la productividad, la calidad del empleo y el bienestar social.
Las pequeñas y medianas empresas son, sin duda, las que más complicado lo tienen para enfrentarse a estos grandes retos estructurales. Precisamente por eso, esta labor de acompañamiento por parte de la Dirección General tiene que ser especialmente intensa. Esta es una preocupación que tenemos muy presente.
La estrategia de RSE debe servir como instrumento útil para las pymes ya que son empresas que por su dimensión no cuentan con una estructura capaz de dedicarse a hacer estas reflexiones sobre la responsabilidad social. Son empresas muy pegadas a la gestión del día a día que no cuentan con los medios ni humanos ni materiales, muchas veces, para replantearse sus procesos productivos y dotarse de un propósito superior.
Debo decir, en todo caso, que las pymes, pese a que parezcan ser el eslabón más pequeño en esta cadena, se han alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Diferentes estudios, como el que lleva por título “Responsabilidad social en las pymes: análisis exploratorio de factores explicativos” evidencian que, efectivamente, las pequeñas y medianas empresas llevan a cabo más prácticas sostenibles de las que a priori podríamos pensar.
Los estudios realizados al efecto dan como resultado un balance positivo en cuanto al planteamiento como son cuestiones incorporadas, la amplitud temática o las líneas de actuación planteadas. Sin embargo, consideramos que la Estrategia estaba llamada a tener un papel protagonista en el ámbito de la RSE, que hasta la fecha no se ha conseguido.
La inactividad del CERSE ha sido una gran limitación en cuanto a los resultados de la Estrategia. El Consejo, concebido como un espacio de coordinación, participación e intercambio de experiencias, fue una herramienta muy útil al comienzo de su andadura, y su paralización ha supuesto una oportunidad perdida para dinamizar y aunar esfuerzos de diferentes actores del sector público y privado que trabajan por el fomento de la RSE.
En todo caso, nuestro propósito es renovar la Estrategia para poder hacer una planificación a medio plazo de las tareas pendientes que nos han quedado por completar y concebir la nueva como una herramienta tractora y promotora en RSE.
Como comentaba con anterioridad, el balance de la estrategia ha sido positivo, si bien la ejecución no se ha podido llevar a cabo en toda su plenitud. Tenemos que remitirnos al ámbito temporal en el que se aprobó la Estrategia. La crisis económica española, iniciada en 2008, provocó que durante muchos años no se recuperasen los niveles de crecimiento económico previos. Este contexto, como todos sabemos, tuvo su reflejo en la disponibilidad de recursos de la Administración General del Estado, lo que desembocó en que muchos proyectos no pudieran llevarse a cabo.
Pese al contexto poco favorable puede afirmarse que hay una gran cantidad de medidas que se han cumplido satisfactoriamente y que han tenido un impacto positivo para el reconocimiento de la RSE. Me estoy refiriendo a las medidas que estaban dedicadas a la difusión y consideración de actividades de Acción Social de las empresas y organizaciones para su reconocimiento por la sociedad y la generación de confianza en su desempeño.
La RSE ha tomado peso dentro de las actividades del sector público y en el ámbito empresarial, pero tenemos que seguir avanzando. Es necesario ser más ambiciosos en todo lo relacionado con la RSE y, desde la Dirección General, trabajaremos en la consecución de los objetivos que se planteen en la nueva Estrategia, participaremos en la implementación de políticas públicas del sector, trabajaremos para que se reactive el nuevo CERSE y mantendremos contacto con todos los actores implicados para crear vínculos bidireccionales que creen sinergias y aporten valor.
Se trata de un foro de diálogo, consenso y participación de todos los agentes implicados en la Responsabilidad Social de las Empresas. Ciertamente, la realidad económica y social y el contexto regulatorio se ha transformado notablemente desde la última vez que se reunió el CERSE. Sería necesario realizar un debate previo antes de la reactivación del Consejo, que sea inclusivo y amplio, sobre aspectos clave como cuáles van a ser sus competencias y actividades, qué recursos se le van a asignar o incluso su propia denominación.
Efectivamente, la Dirección General está trabajando con ahínco en la aprobación de la nueva Estrategia. Estamos ultimando el texto y les puedo adelantar que el documento fija sus actuaciones en tres objetivos claves.
El primer objetivo es el de impulsar la competitividad de las empresas a partir de la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su gestión. El segundo es el de dotar a las administraciones públicas de un rol activo en la dinamización de la RSE y de la colaboración público-privada. El tercer objetivo es el de compartir valores de la RSE con empresas, sociedad civil y ciudadana, para que aporten valor y sean agentes activos en la transformación sostenible.
La evolución de la RSE ha tenido un crecimiento acelerado que ha terminado por transformar los límites del propio concepto. Lo que en un primer estadio se percibía como autorregulación, ha evolucionado a un escenario en el que se suceden las novedades legislativas, por tanto, en el que se establecen obligaciones exigibles a las empresas.
Por ejemplo, la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad en España introdujo la obligación para las empresas de más de 250 trabajadores, a partir de 2021, de informar sobre la evolución, los resultados y la situación del grupo, así como el impacto de su actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, de los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción y el soborno.
Que haya empezado a florecer un entorno normativo, coercitivo por definición, no tiene por qué ir obligatoriamente en contra de que las empresas quieran seguir voluntariamente avanzando en materia de RSE. Esta voluntad de cambio es, de hecho, la que da impulso y hace avanzar al tejido empresarial. Esta pulsión que nace de las propias empresas es la que termina por forzar al legislador a dotarnos de reglas comunes por entender que existe una demanda social que no está siendo satisfecha. Este papel del tejido empresarial es y debe seguir siendo un elemento de progreso colectivo al que no queremos renunciar.
A modo general, continuar liderando y marcando el rumbo a nivel europeo de la normativa en Economía Social y lograr que se canalice adecuadamente el flujo de fondos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a fin de que las entidades del sector logren implementar las medidas adecuadas que les permitan transitar hacia un modelo sostenible, digital, inclusivo y socialmente responsable. En materia de RSE, como ya he comentado, sin duda la actualización de la Estrategia de RSE y desarrollar todo su potencial.
